Bronco: justicia sin partidismos
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, anunció ayer la detención del ex gobernador de la entidad Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, El Bronco. Según un comunicado, la orden de aprehensión dictada por un juez de control y de juicio oral de la entidad se dio por la probable participación del ex mandatario en «hechos con características de delitos electorales», que harían referencia al uso del aparato de gobierno nuevoleonés para recabar las firmas que le permitieron registrarse como candidato presidencial independiente en las elecciones de 2018, caso conocido como Broncofirmas.
Minutos antes de que se diera a conocer el arresto, el gobernador Samuel García Sepúlveda publicó mensajes en sus redes sociales en los que presenta la acción judicial como un triunfo personal. En Instagram subió un texto con la leyenda: “4 años y 4 meses tardamos, pero al fin lo logramos. #BroncoFirmas”, mientras en Twitter difundió un video en el cual afirmó: “somos un gobierno incorruptible y quien la hizo, la paga, quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel; quien robó o desvió dinero público a los Corleones, a los favoritos, y a sus amigos o a las campañas, van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saqueen a nuestro estado”. Es bien conocida la animadversión entre García, quien gobierna por el partido Movimiento Ciudadano (MC), y su antecesor.
De hecho, el caso contra Rodríguez Calderón se remonta a 2018, cuando García Sepúlveda era legislador. En enero de ese año presentó una denuncia contra El Bronco y el gobernador interino Manuel González por «desviar recursos humanos» de la administración pública para fines electorales, que en julio (ya pasada la jornada electoral) derivó en una sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra 572 servidores públicos por captar apoyos en días y horas hábiles.
A Rodríguez y González se les fincaron responsabilidades «por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos en favor del candidato independiente». En agosto de 2019, el TEPJF ordenó al Congreso de Nuevo León emitir una sanción contra el gobernador Rodríguez Calderón, pero éste obtuvo un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el argumento de que el Legislativo local no tiene facultades para sancionarlo.
Finalmente, en 2020 el mismo tribunal electoral respaldó las sanciones, pero MC decidió desistirse del juicio político para judicializar a El Bronco por otra vía, y la Suprema Corte invalidó todo el proceso. Con estos antecedentes, el mensaje emitido por Samuel García minutos antes de la detención de Jaime Rodríguez es un gesto poco afortunado, que enturbia el proceso y crea un margen para sospechas de que tras el caso subyacen motivaciones personales o políticas.
En espera de que las autoridades competentes determinen la inocencia o culpabilidad del ex priísta, lo cierto es que en estos momentos dos de los cuatro candidatos que contendieron por la Presidencia en 2018 enfrentan acusaciones penales: el propio Bronco y el panista Ricardo Anaya, quien es requerido por la Fiscalía General de la República para imputarle los cargos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta presunta relación de la mitad de los ex candidatos con actos delictivos refuerza la imagen de descomposición que llegó a imperar en la clase política vinculada al modelo neoliberal del pasado reciente.
Por el bien de la sociedad nuevoleonesa y del combate a toda forma de impunidad, es necesario que la justicia actúe sin partidismos ni faccionalismos de ningún tipo, y que se pronuncie en estricto apego a derecho tanto en el caso de Rodríguez Calderón como en el de Anaya Cortés.
