Baja California ya no tiene regreso
Hay estados donde los escándalos aparecen y desaparecen. Baja California dejó de ser uno de ellos. Aquí los expedientes no se cierran; se acumulan.
La captura del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel por una investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible confirma algo que muchos olvidan: las autoridades pueden tardar meses, incluso años, pero cuando deciden mover una carpeta, el tiempo deja de importar. A Ruffo lo alcanzó una investigación que venía caminando desde hace más de un año y que incluso había sido mencionada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tras el decomiso histórico de millones de litros de combustible en Coahuila.
Del otro lado está Marina del Pilar Avila Olmeda. Su problema ya no es sólo la cancelación de la visa estadounidense. Tampoco los audios que ella misma reconoció como auténticos, ni las preguntas sobre los contactos de su entorno con presuntos intermediarios que ofrecían acceso a autoridades estadounidenses. Su verdadero problema es que la duda dejó de ser un asunto de oposición para convertirse en un asunto de credibilidad pública.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tratado de contener el costo político. En Estados Unidos, la investigación contra redes de huachicol, lavado de dinero y crimen organizado sigue avanzando bajo el Departamento de Justicia y agencias federales como el FBI, hoy encabezadas por el procurador general Todd Blanche y el director Kash Patel.
Lo preocupante es el patrón.
Un ex gobernador termina detenido. La gobernadora en funciones sigue sin despejar las dudas que pesan sobre ella. Y Baja California vuelve a aparecer en el radar de las autoridades mexicanas y estadounidenses por las mismas palabras de siempre: crimen organizado, combustible ilegal, lavado de dinero y corrupción.
A estas alturas ya cuesta creer en la mala suerte.
Porque sólo quedan dos explicaciones. O Marina del Pilar supo lo que ocurría alrededor de ella y decidió mirar hacia otro lado. O nunca se enteró de lo que hacía su propio círculo cercano. Ninguna de las dos habla bien de quien gobierna un estado fronterizo estratégico.
En política hay errores de cálculo. Pero también hay caminos sin retorno. Y Baja California parece haber llegado exactamente a ese punto. ¿Culpabilidad o ingenuidad?
PIEZAS SUELTAS
Washington ya empezó a decidir con quién sí quiere trabajar… México debería tomar nota.
La reunión convocada por el secretario de Estado Marco Rubio con representantes de más de 60 países dejó un mensaje que pasó casi inadvertido en México. No sólo se habló de terrorismo. La administración de Donald Trump está construyendo un nuevo criterio para decidir con quién comparte inteligencia, con quién coordina operaciones y, en última instancia, a qué gobiernos considera socios confiables en materia de seguridad.
No es un cambio menor.
Junto a Rubio estuvieron el director del FBI, Kash Patel; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y responsables de seguridad de decenas de países. El objetivo fue fortalecer una estrategia que ya no separa terrorismo, crimen organizado, lavado de dinero y redes de apoyo político o financiero. Para Washington, todos forman parte del mismo problema.
Eso obliga a leer de otra manera la relación con México.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum busca mantener abiertos los canales de diálogo con la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento del Tesoro están elevando los requisitos para la cooperación. Ya no basta con compartir información o detener a líderes criminales. La confianza también dependerá de qué tan dispuesto esté cada gobierno a combatir las estructuras económicas, políticas e institucionales que permiten operar al crimen organizado.
Ese puede ser el cambio más profundo de la política exterior estadounidense. Washington ya no sólo está persiguiendo organizaciones criminales. También está empezando a decidir con qué gobiernos quiere construir alianzas estratégicas y con cuáles prefiere mantener distancia.
México haría bien en entender que ese filtro ya comenzó a aplicarse.
La nueva lista de Washington también redefine a sus aliados
Con la incorporación del Cártel de Juárez y Los Viagras, Estados Unidos ya considera organizaciones terroristas a ocho de los principales grupos criminales mexicanos: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo, además de los dos recién designados. La noticia no es sólo el tamaño de la lista. Es el cambio de estrategia que representa.
La administración del presidente Donald Trump está ampliando las herramientas con las que perseguirá no sólo a los cárteles, sino también a las redes financieras, empresariales y de corrupción que los sostienen. Ese fue el mensaje de la reunión ministerial sobre seguridad celebrada este jueves.
Para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el desafío va más allá de las extradiciones. Si Washington amplía la definición de amenaza, también elevará el estándar con el que mide a sus aliados. La confianza dejará de sustentarse en discursos diplomáticos. A partir de ahora, se medirá por resultados concretos.
