Ayotzinapa: presiones inadmisibles
El general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, todos ellos señalados como partícipes en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, presentaron una denuncia penal “en contra de quien resulte responsable” de los delitos de falsificación de documentos, contra la administración de la justicia y falsedad en declaraciones, ya que, según afirmaron a través de sus abogados, en las investigaciones realizadas en ese caso “se ha fabricado su participación con elementos de prueba falsos”.
En conferencia de prensa, los litigantes César Omar González y Alejandro Robledo Carretero también informaron que sus defendidos exigen la renuncia de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj).
La acción penal emprendida ayer por los militares detenidos fue anunciada desde el 28 de octubre pasado, dos días después de que The New York Times publicó un texto que constituye hasta ahora la culminación de la andanada político-mediática encaminada a descarrilar el trabajo de la Covaj y en particular a derribar al subsecretario Encinas.
Se trata de una embestida orquestada por intereses muy oscuros en busca de perpetuar la impunidad en torno a los sucesos que tuvieron lugar en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Asimismo, se produce en medio de una campaña de estigmatización de las fuerzas armadas por su actuación legal en tareas de seguridad pública durante el presente sexenio.
Es en ese contexto en que se da el posicionamiento disparatado de los elementos castrenses, con el cual se cobijan en y se suman a la campaña prexistente a fin de impedir la acción de la justicia.
La validez o falsedad de las pruebas presentadas por la Comisión para la Verdad es algo que debe dirimirse en el transcurso de los juicios contra los uniformados sujetos a proceso y contra otros implicados, por lo que el contrataque penal (así lo denominaron los abogados González y Robledo) contiene un inocultable propósito intimidatorio contra las autoridades a cargo del caso y hacia cualquiera que busque poner fin a la impunidad.
Detrás de esta actitud deplorable hay un hecho gravísimo: cuatro integrantes del Ejército, dos de ellos en activo (Pirita Ochoa y Mota Esquivel), piden la renuncia de un funcionario del Ejecutivo, acción que violenta el estado de derecho y el principio de obediencia de las fuerzas armadas al poder civil.
Con ello llegan a un nuevo nivel las maquinaciones contra el esclarecimiento de la verdad en torno a la desaparición de los jóvenes normalistas y se entra en una dinámica de intolerable insubordinación de efectivos castrenses, así se trate de militares de grados inferiores, ante su mando supremo.
