Avances en seguridad pública
Los dos primeros días de esta semana se produjeron noticias importantes en materia de seguridad pública. El lunes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal detuvieron al ex fiscal de Veracruz Jorge Winckler Ortiz, quien se encontraba prófugo desde hace tres años y es requerido por la justicia para responder por los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.
Ayer por la mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó datos preliminares, según los cuales en 2021 se registraron 35 mil 625 homicidios, mil 148 menos con respecto a 2020, con lo que la tasa de homicidios por 100 mil habitantes pasó de 29 a 28; una reducción considerada como señal de que está dando resultados la estrategia nacional de seguridad de la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
Horas más tarde, en la Ciudad de México se llevó a cabo el decomiso de mil 600 kilogramos de cocaína con valor de 800 millones de pesos, el más grande en la capital del país en los pasados 10 años y calificado de “fuerte golpe a la estructura financiera de las estructuras criminales” por el secretario de Seguridad Ciudadana local, Omar García Harfuch.
Sin prejuzgar sobre su culpabilidad o inocencia, es de celebrarse que Winckler haya sido finalmente localizado y puesto a disposición de las autoridades, tanto por el hecho de que su carácter de prófugo obstaculizaba la acción de la justicia como por la gravedad de las acusaciones que pesan en su contra.
Debe recordarse que el ex fiscal fue personaje central del gobierno faccioso y autoritario encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares de 2016 a 2018 en la entidad del Golfo, y pieza clave en el entramado urdido por el panista para garantizarse a sí mismo y a sus allegados impunidad tras dejar el Ejecutivo estatal. Tampoco puede omitirse que Winckler fue nombrado en una inocultable maniobra de amiguismo y tráfico de influencias, pues era amigo y había sido abogado de Yunes, y ya en el ejercicio de su cargo, organizaciones de familiares de desaparecidos lo señalaron en múltiples ocasiones por su absoluta falta de interés para dar con el paradero de las víctimas.
Por otra parte, si bien no cabe echar las campanas al vuelo por los datos de la modesta reducción en el número de homicidios y la histórica confiscación de drogas, dichos avances muestran que se está lejos del escenario pintado desde la oposición mediática y política, en el cual se busca presentar a la ciudadanía la estrategia conocida como “abrazos, no balazos” como abandono del gobierno federal de sus responsabilidades en el combate al crimen e incluso como si fuera un pedido de dar muestras de afecto a los delincuentes. En este sentido, vale retomar las palabras de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, quien en diciembre pasado explicó que este lema “significa el uso de la inteligencia policial en el combate a la delincuencia y dejar atrás las incursiones reactivas que a menudo tuvieron como principal víctima a la población”, objetivos que debieran ser compartidos por los interesados en atajar la violencia delictiva que azota al país.
