Astillero | Agandalles de la chiquillada
Acotada y menor como es la reforma electoral alcanzable por Morena y sus aliados, incluyó en una negociación de última hora un arreglo infame para que los partidos minoritarios pudieran mantener su registro nacional aunque no consiguieran 3 por ciento de la votación nacional, pero sí a título de partido local en cuando menos la mitad más una de las entidades federativas.
Tal adición beneficiaría especialmente al Partido del Trabajo y, de manera menos directa, al Verde Ecologista de México, aliados de Morena. Mucho se habló de la reticencia de tales agrupaciones para apoyar la propuesta presidencial conocida como plan B si no se les concedían tales protecciones.
No sólo la de la conservación graciosa del registro nacional sino, además, una fórmula (“convenio de distribución de votos emitidos”) que les permitiría asignarse votos del partido mayor al que se hubieran unido en elecciones para mantener el porcentaje de sufragios requerido para salvar el registro y la facultad de disponer amablemente de recursos económicos remanentes para aplicarlos en posteriores jornadas comiciales.
El tema fue hecho del conocimiento del impulsor del plan B durante la conferencia matutina de prensa de este jueves y, a pesar de una cierta resistencia original a aceptar la veracidad del agandalle legislativo aprobado por Morena y obviamente por sus aliados minoritarios, el presidente López Obrador advirtió que en caso de ser cierta tal agregación, que dijo no conocer, estaría dispuesto incluso a enviar una nueva propuesta correctiva.
El jefe político de San Lázaro, el morenista Ignacio Mier, aceptó ayer mismo que se había producido un “yerro procedimental” en el punto del registro local que mantendría el nacional a los partidos anémicos, de tal manera que el dictamen correspondiente regresará del Senado a la Cámara de Diputados para la enmienda correspondiente. Sería de esperarse que también se corrigiera lo del reparto de votos agradecidos a los partidos parásitos y lo del manejo alegre del dinero “ahorrado”.
Mientras tanto, los principales personajes del panismo metamorfoseaban su coro brevemente triunfador de “el INE no se toca” en “el Cártel Inmobiliario no se toca”. Un partido que en pasadas épocas se enorgullecía del apego a la legalidad (los panistas “decentes”) ahora es incapaz de aceptar la realidad de la alta corrupción generalizada en demarcaciones electoralmente tan suyas como la ahora alcaldía Benito Juárez.
Ante una múltiple investigación cantada con oportunidad, y la orden de aprehensión específica contra Christian von Roerich, diputado panista en el Congreso de la Ciudad de México y miembro de la cofradía que se ha repartido cargos legislativos y la jefatura delegacional, ahora alcaldía, de Benito Juárez, el panismo reaccionó con espíritu de cuerpo, con un rechazo anticipado de los cauces legales que en otras circunstancias enaltecen y optaron por acomodar el expediente penal en el asta de la bandera política de la persecución por motivos electorales.
Ha sido usual que políticos instalados en diversos niveles de gobierno condicionen la aprobación de proyectos inmobiliarios e incluso permitan la violación abierta de los términos de tales autorizaciones a cambio de “moches” en efectivo o en especie. En ese banquete de corrupción han estado involucrados personajes de todos los partidos políticos, vigentes o ya extinguidos, virtualmente en todo el país y marcadamente en las urbes más pobladas.
Por ello es importante que los acusados judicialmente de tales maniobras corruptas sean procesados sin interferencias partidistas. También sería importante, y daría mayor legitimidad a la acción, si el brazo justiciero alcanzara a personajes o facciones del propio partido en el poder, Morena, o sus aliados, que en sus propias demarcaciones hubiesen participado de transas similares, en lo inmobiliario u otros rubros. ¡Hasta el próximo lunes!
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