Wixaritari recuperan terrenos en los límites de Jalisco y Nayarit
Guadalajara, 20 de mayo.- Wixaritari del norte de Jalisco lograron ayer viernes la ejecución de una sentencia agraria a su favor que data de enero de 2015 y que les permitió recuperar, con apoyo de la Guardia Nacional y actuarios del Tribunal Agrario, 265 hectáreas del predio “Cohamiata” que tenía en posesión Rafael Sandoval Muñoz, a quien tuvieron que arrestar por resistirse a la entrega, intentar atropellar con su camioneta a comuneros y oficiales de la GN, además de portar una escopeta con balas expansivas.
Aunque ayer se realizó el acto ejecutorio de la sentencia al expediente 1449/2012 dictada desde el 6 de enero de 2015, los wixaritari no pudieron quedarse en el predio debido al ambiente de tensión generado por la entrega forzosa del terreno, ubicado en el límite de la comunidad indígena jalisciense de San Sebastián Teponahuaxtlán con Huajimic, Nayarit, por lo cual este sábado un grupo de al menos 100 indígenas entraría para ahora sí quedarse en el lugar y tomar posesión física del mismo.
Hectáreas
Las 265 hectáreas del predio Cohamiata forman parte de un núcleo que supera 10 mil hectáreas en esa región en los límites interestatales y que han estado bajo posesión de ganaderos de Huajimic desde hace decenios, aunque sucesivos juicios agrarios han ido dando la razón a los wixaritari y poco a poco han permitido que recuperen sus tierras aunque siempre bajo la amenaza de agresión por los posesionarios, quienes se niegan a entregarlas sin antes recibir una indemnización del gobierno federal.
Reportes de los indígenas y de sus abogados señalan que no se pudieron quedar en Cohamiata, como era la intención, debido a que “llegó un grupo de Huajimic muy agresivo”, además que la detención de Rafael Sandoval -quien fue llevado preso a Tepic- aumentó el estado de tensión, por lo que solicitaron el apoyo de la fuerza pública de Jalisco, ya que el predio recuperado se encuentra dentro de territorio jalisciense.
Tampoco pudieron quedarse ya que, a pesar de ser asistidos para la ejecución por personal de la Guardia Nacional, estos no llevaban armas de fuego, por lo cual aunque se realizó el procedimiento legal, se hizo de forma rápida y sin mayores garantías que permitieran a los indígenas quedarse en el sitio de forma tranquila.