Va la Fiscalía tras jueces que exculpan a políticos
La Fiscalía General de la República (FGR) integra carpetas de investigación por delitos contra la administración de la justicia contra los jueces federales Gustavo Aquiles Villaseñor, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat, así como Faustino Gutiérrez Pérez, por haber emitido resoluciones en favor de imputados como Rosario Robles Berlanga, Ramón Sosamontes, cuatro abogados señalados de incurrir en tráfico de influencias en colaboración con el ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra y el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Funcionarios federales revelaron que el área de Juan Ramos López, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, uno de los hombres más cercanos a Alejandro Gertz Manero, es quien se encarga de la integración de los expedientes contra los jueces federales, al considerar que en sus resoluciones incurrieron en violaciones al artículo 225 del Código Penal Federal.
La legislación establece que entre los “delitos contra la administración de justicia” se encuentra el señalado en la fracción sexta del artículo 225: “Dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio u omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos dispuestos en la ley”.
Las fuentes consultadas indicaron que las indagatorias contra los juzgadores refieren la posibilidad de presentar acusación por el contenido de la fracción séptima del mismo artículo: “Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidos”.
El expediente contra el juez Delgadillo Padierna se inició en mayo de 2022, luego de que el impartidor de justicia decretó la no vinculación a proceso contra los litigantes Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además de las críticas a la actuación del juez a través de un comunicado de prensa, el fiscal Manuel Granados Quiroz anunció en una entrevista radiofónica que iniciaría la carpeta de investigación contra Delgadillo Padierna.
El pasado 2 de febrero, la FGR aseguró, en su cuenta de Twitter, que “apelará e iniciará una carpeta de investigación por delitos contra la administración de justicia por servidores públicos”, específicamente contra el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, por haber exonerado a Ramón Sosamontes, ex colaborador de Rosario Robles, por su presunta participación en el desvío de 203 millones de pesos asignados a las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en hechos ocurridos entre 2012 y 2018.
En el comunicado de prensa 056/23, de fecha 2 de febrero, la FGR apuntó: “Ante el acuerdo de referencia, que ofende el derecho y la recta impartición de justicia, esta institución dará vista al Consejo de la Judicatura Federal (…) e iniciará de inmediato una carpeta de investigación”.
Por lo que se refiere al juez Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat, el pasado 24 de febrero dio cumplimiento a una sentencia de amparo dictada por el noveno tribunal colegiado en materia penal y consideró que Robles Berlanga debió enfrentar un procedimiento de carácter administrativo.
La FGR cuestionó la decisión y anunció que por ello “se inicia no sólo la queja administrativa, sino el procedimiento penal correspondiente” en su contra.
El pasado 28 de febrero, el juez octavo de distrito en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, dejó sin efecto la orden de aprehensión dictada contra el panista y ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien estaba acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La FGR consideró, en el comunicado 109/23, que “el rol de juzgador se habría transformado en el de un agente de la defensa del imputado”, por lo que, agregó, “se analizarán las acciones legales que podrían llevarse a cabo en relación a la autoridad que la emitió”.
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