Un herido de bala y seis detenidos en desalojo de transportistas en Guerrero

Chilpancingo, Gro., 1 de mayo. Seis personas detenidas, una más herida de bala, y ocho vehículos decomisados, fue el resultado de un desalojo a transportistas y pobladores de la sierra del municipio de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero, que se llevó a cabo anoche en el puente de Palos Blancos por parte de elementos de la Policía Estatal, y de la Fiscalía, denunció Elvia «N», una de las dirigentes del movimiento.

Vía telefónica denunció que los policías arribaron al bloqueo en 18 camionetas, y «en un primer momento nos dijeron que serían intermediarios ante la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero luego nos pidieron que desalojáramos el puente de Palos Blancos, en donde estábamos bloqueando, y empezaron a golpear a niños, mujeres, ancianos, y la gente en general».

Lo que nos preocupa «es que los seis compañeros que se llevaron no aparecen; lo único que pedimos a la gobernadora es que en lugar de que sea la Fiscalía del Estado la que realice los recorridos por nuestros pueblos, que mejor los lleven a cabo el Ejército Mexicano, y la Guardia Nacional».

Entre tanto, hoy se cumplen cuatro días del bloqueo en las carreteras de los municipios de la Tierra Caliente, en donde empezaron a escasear los alimentos y medicinas, por los bloqueos que llevan a cabo alcaldes y transportistas azuzados por presuntos integrantes de la Familia Michoacana.

En tanto, en las redes sociales ciudadanos de la Tierra Caliente demandaron la intervención del gobierno federal para terminar con los bloqueos carreteros.

Desde el viernes pasado, luego del inicio de los operativos conjuntos realizados por la Policía Ministerial, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal, diversas organizaciones de transportistas iniciaron con los bloqueos desde el municipio de Arcelia hasta Ciudad Altamirano, encabezados por los presidentes municipales de la Tierra Caliente, y diputados locales de dichos distritos, supuestamente porque se estaban cometiendo abusos en contra de la ciudadanía y violaciones a los derechos humanos.

Los bloqueos paralizaron las actividades comerciales de la región, como son el transporte público, los comercios están cerrados, no hay servicios de educación ni salud, los alimentos y combustibles también escasean.

También de forma anónima por parte de la ciudadanía se denunció que son obligados, mediante amenazas, a que participen en los bloqueos «algunos son sacados por la fuerza de sus domicilios por hombres armados, y en el peor de los casos los desaparecen, son golpeadas o asesinadas por resistirse a cumplir con dichas órdenes».

Los ciudadanos manifestaron que la situación ya rebasó al gobierno estatal, por lo que demandaron la intervención inmediata del gobierno Federal, ya sea a través de la Guardia Nacional o de la Secretaría de la Marina.