PJ reconoce deudas institucionales con mujeres, niñas y adolescentes indígenas
El 8 de marzo representa una oportunidad para reflexionar sobre las deudas que como sociedad y como instituciones siguen pendientes frente a las realidades que enfrentan millones de mujeres en el país, afirmó la magistrada, Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
Al inaugurar la exposición Siempre estuvimos aquí. Historia de las mujeres indígenas y destacó que las deudas institucionales con mujeres, niñas y adolescentes siguen siendo una tarea pendiente.
De esa manera el TDJ del Poder Judicial de la Federación (PJF), llevó a cabo una jornada institucional de reflexión y reconocimiento sobre los derechos de las mujeres, “con el objetivo de sensibilizar a funcionarias y funcionarios sobre la importancia de aplicar la perspectiva de género en sus labores diarias”.
Celia Maya señaló que esas desigualdades se hacen especialmente visibles en la vida de niñas y adolescentes, quienes todavía enfrentan barreras estructurales para acceder plenamente a oportunidades educativas, sociales y económicas.
Añadió que esas condiciones de exclusión se profundizan cuando se viven en contextos de rezago o marginación, y se agravan aún más cuando median factores de discriminación por origen indígena.
Destacó que la exposición recuerda “una verdad frecuentemente invisibilizada: las mujeres indígenas siempre han estado presentes en la vida comunitaria, en la preservación de las lenguas, en la transmisión de saberes, en la defensa de los territorios y en la construcción cultural del país.
Por ello, aseguró que la historia de México no puede comprenderse sin ellas y que esta muestra constituye no solo un ejercicio de memoria histórica, sino también una invitación a reconocer y valorar su papel en la construcción de la identidad colectiva.
La magistrada del TDJ, Indira Isabel García Pérez, señaló que el mandato constitucional no distingue entre hombres y mujeres, sino que “reconoce derechos, garantiza libertades y establece una igualdad como base de un orden jurídico”, el cual implica asegurar, en cada decisión y actuación, no solo una política institucional, sino un compromiso para recobrar la confianza ciudadana.
