Inversionistas de Baker Hughes piden investigar asunto de la casa en Texas y López Beltrán
Tijuana, 11 de febrero. -Juan Carlos Luna, representante de un grupo de inversionistas de Baker Hughes escribió un documento dirigido a los directos de esta empresa, pidiendo que realice una investigación sobre el asunto de la residencia prestada a José Ramón López Beltrán, así como sobre las condiciones en las que Pemex extendió los contratos con la compañía.
Con fecha del 9 de febrero, Luna se dirige a Lorenzo Simonello, Presidente y director general; Brian Worrell, director de Finanzas; Regina Bynote Jones, directora jurídica; Rusell Wilkerson, director de Asuntos Corporativos y Judson E. Bailey, vicepresidente y encargado de relaciones con los inversionistas, y envía copia del mismo al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Comisión de Valores.
El comunicado
En las últimas semanas ha habido una cantidad significativa de noticias que informan sobre un posible conflicto de intereses y otras posibles irregularidades por parte de Baker Hughes, derivadas del hecho de que un ejecutivo de alto nivel de la compañía tenía una relación directa con el hijo del presidente mexicano y su esposa, aproximadamente al mismo tiempo que Baker Hughes obtuvo una multimillonaria extensión de contrato en dólares por parte Pemex.
Por circunstancias que aún no están claras -que generan una legítima preocupación por posibles actos irregulares-, el señor Keith Schilling, un executivo de Baker Hughes, autorizó el uso de una residencia en Conroe Texas registrada a su nombre, a José Ramón López Beltrán (hijo del presidente de México) y a su esposa, Caroline Adams. El matrimonio López ocupó dicha propiedad durante el periodo entre 2019 y 2020, coincidiendo con el tiempo en el que Pemex otorgó extensiones significativas e incremento de costos a contratos.
La apreciación y el momento de estos hechos simplemente no son buenos. Estos crean la percepción de un posible conflicto de interés y un escenario potencial que pudo haber cruzado la línea legal y las obligaciones éticas de Baker Hughes. Por esta razón, se justifica una denuncia y una investigación.
Hay suficiente evidencia de esos hechos, pues han sido publicados en varios informes independientes en Estados Unidos y en México. Los contratos referidos entre Baker Hughes y Pemex son un hecho conocido, y también hay información sobre el proceso “fast track” que tuvo lugar sin licitación pública, lo cual no es un procedimiento estándar de Pemex, y el laxo proceso de aprobación bajo las que sucedieron dichas extensiones.
La preocupación es obvia, ya que los hechos arriba mencionados pueden provocar un delicado escenario para Baker Hughes. En suma, parece que la situación podría estar severamente comprometida por virtud de las siguientes piezas del rompecabezas: 1. El hijo del presidente mexicano involucrado; 2. La administración mexicana severamente criticada, nacional e internacionalmente, por sus escándalos de corrupción; 3. Un país con una justicia débil; 4. La esposa (de José Ramón), una persona expuesta políticamente que ha estado activa como corredora de contratos de energía a escala internacional; 5. La extensión millonaria de los contratos de Baker Hughes con Pemex; y 6.Ambas compañías luchan con sus propias investigaciones por escándalos de corrupción en el pasado.
Como menciono antes, este desafortunado grupo de coincidencias, ocurridas al mismo tiempo cuando los contratos entre Pemex y Baker Hughes fueron extendidos en su costo y alcance, y cuando uno de los ejecutivos de la empresa, autorizó el uso de una lujosa residencia donde vivía la pareja mencionada. Estos son hechos que no pueden ser ignorados. Usted tiene el deber fiduciario de actuar en consecuencia, de investigar y reportar apropiadamente este asunto.
Baker Hughes difundió hace unas semanas un comunicado corporativo sobre el tema. Desafortunadamente el mensaje carecía de la claridad, profundidad, información y compromiso suficiente para investigar este sensible caso.
Basado en sus esfuerzos y compromiso de fomentar una cultura de puertas abiertas, colaboración y rigurosas tomas de decisiones para crear un valor a largo plazo para los accionistas, debería considerar la urgencia de ejecutar una investigación más robusta e informar a las autoridades, a sus inversionistas y a los medios de comunicación apropiadamente sobre los resultados. Eso es lo que hay que hacer. Está en línea con sus lineamientos de cumplimiento corporativo y sus compromisos éticos.
El impacto negativo sufrido por los inversionistas por decisiones pasadas equivocadas, el daño a la reputación corporativa, y las consecuencias legales y monetarias enfrentadas en pasados actos de corrupción, es suficiente motivación para darle la dimensión adecuada y explicar esta situación a detalle.
La misma urgencia debería esperarse de las autoridades gubernamentales correspondientes para investigar este caso, ya que han sido notificados por diferentes organizaciones, miembros del congreso mexicano, medios de comunicación y personas preocupadas.
Por sus posibles implicaciones, la naturaleza pública de esta situación, la naturaleza política de los individuos involucrados y la creciente visibilidad que está teniendo el caso, he compartido este documento con el Departamento de Justicia y con la Comisión de Valores para expandir su conocimiento de este tema.
