Persiste la impunidad a 15 años de la muerte de Ernestina Ascencio

Tijuana, 25 de febrero.- A 15 años de la muerte de Ernestina Ascencio, mujer indígena náhuatl de 73 años, quien falleció el 25 de febrero de 2007 tras ser agredida por el 63 Batallón de Infantería en la comunidad de Tetlaltzinga, municipio de Soledad Atzompa, en Veracruz, persiste la opacidad y la impunidad de los responsables, señalaron las organizaciones Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Kalil Luz Marina y Abogadas y Abogados para la Justicia y Derechos Humanos. 

Advirtieron que hay una cadena de hechos de violencia y discriminación por parte de  “instituciones estatales de alto nivel”, quienes buscan ocultar y obstaculizar la justicia por la muerte de Ernestina Ascencio, a pesar de que el 4 de diciembre de 2020 se celebró una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde autoridades del gobierno federal anunciaran que presentarían un plan de atención a este caso; sin embargo, no lo han hecho. 

Señalaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe especial, en el que reconoció las irregularidades cometidas en el caso, tanto por  el personal que llevó a cabo la investigación ministerial como por parte de la propia CNDH, confirmando que doña Ernestina sí fue victima de violencia sexual, y recomendaron a la  Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Veracruz reabrir la investigación. 

Pese a las recomendaciones de la CNDH, las organizaciones en pro a los derechos indígenas manifestaron su rechazo de que sea la  FGJ de Veracruz quien reabra la investigación, ya que ante los hechos denunciados ante la CIDH, no consideran que estén calificados para dar resolución al caso. 

“Sostenemos que solo mediante una investigación independiente será posible conocer la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables, no solo de la violencia y  discriminación que ocasionó la muerte de doña Ernestina, sino de orquestar la impunidad  de los perpetradores y la opacidad de los hechos”, señalan.

Afirman que lo anterior permitirá conocer la verdadera dimensión de las consecuencias ocasionadas a la familia y comunidad de doña Ernestina, así como a las mujeres indígenas  y a toda la sociedad, ya que “sólo de esa manera se puede iniciar el camino de la verdad y la justicia  exigidas, así como de la implementación de medidas para evitar la repetición de los hechos”.

“Esperamos que muy pronto la CIDH determine la responsabilidad en que ha incurrido el Estado mexicano por faltar a su obligación internacional de honrar y respetar los derechos  humanos de doña Ernestina y de todas las mujeres indígenas de México que hasta el día  de hoy son gravemente violentados”.

Los hechos 

“Los soldados  se me echaron encima”, fue lo que dijo doña Ernestina Ascencio, en su lengua náhuatl, el 25 de febrero de 2007  cuando fue encontrada por su hija tirada en el monte donde llevó a pastar a sus ovejas, cerca de un campamento del Ejército mexicano,  en la comunidad de Tetlaltzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz.

Doña Ernestina no recibió la atención médica que requería. Falleció en la madrugada del  día siguiente. Los primeros hallazgos médicos evidenciaron la existencia de violencia  sexual, lo que dio lugar al inicio de una investigación en la Agencia del Ministerio Público  Especializada de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de  Veracruz.

Sin embargo, antes de que concluyeran las investigaciones, el entonces presidente de la  República, Felipe Calderón, adelantó la conclusión del caso: “la señora Ernestina murió de  ‘gastritis crónica’”. Dicha versión fue secundada por la CNDH, la Secretaría de la Defensa  Nacional (SEDENA) y la PGJ de Veracruz. La investigación fue concluida y archivada. 

Organizaciones llevaron el caso ante la CIDH 

Desde 2012, diversas organizaciones llevaron el caso ante la CIDH denunciando al Estado  mexicano por las causas que provocaron la muerte de doña Ernestina, por la falta de  esclarecimiento de los hechos y por la impunidad de los responsables, así como por no adoptar medidas progresivas para garantizarle el ejercicio de sus derechos económicos,  sociales y culturales. Violaciones todas resultado de la discriminación múltiple que  enfrentó en vida, en su muerte e, incluso, después de ella.

Asimismo, se denunció al Estado mexicano por la violación al derecho a la verdad y su falta  de protección eficaz dentro del sistema de justicia del país, en contra de quienes solicitaron  acceso a información completa y veraz de lo ocurrido, así como en contra de toda la  sociedad.

En 2017, la CIDH decidió que el caso cumplía con los requisitos para ser examinado por esa instancia internacional y abrió la fase de análisis de los hechos denunciados. Fue dentro  de esa fase que el 4 de diciembre de 2020, en audiencia pública ante la CIDH, los  representantes del Estado insistieron en que la muerte de doña Ernestina había sido  ocasionada por causas naturales, negando toda responsabilidad. 

Seis días después, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que dicha postura no representaba  la posición del Estado mexicano, e informó que se había determinado que la FGJ de Veracruz, reabriera las investigaciones sobre el caso y que el estado presentaría ante  la CIDH una propuesta de solución del caso.

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