Para enjuiciar a ex presidentes deberán votar 37.4 millones el 1 de agosto
Además de las complicaciones presupuestales para organizar la consulta popular del 1 de agosto por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) que permitirán instalar únicamente 57 mil mesas de votación, en contraste con las 16 mil 570 urnas que se instalaron para los comicios más recientes, conseguir que la consulta genere un aval para emprender acciones contra ex funcionarios requiere que por lo menos 37 millones 400 mil ciudadanos acudan a sufragar ese día, para que los resultados adquieran carácter vinculante, establece la Ley Federal de Consulta Popular.
Dicha legislación indica que «El resultado de la consulta popular es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, a 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores», que actualmente se compone de 93.5 millones de personas.
Otro factor que dificultará que se cumpla con el requisito es que las mesas receptoras de votos estarán más distantes que durante las elecciones regulares, y porque en cada una habrá mil 500 personas en el listado, el doble de personas registradas que en las urnas en condiciones ordinarias.
En las elecciones del pasado 6 de junio acudieron a votar 48.8 millones de mexicanos, equivalentes a 52.6 por ciento del listado nominal. Proporcionalmente, representó la mayor afluencia de votantes registrada para unas elecciones intermedias desde 1997. En 15 estados de la república se eligió gobernador, factor que favoreció dicha asistencia.
Reconfiguran pregunta
Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara que procediera la consulta solicitada por Andrés Manuel López Obrador, fue necesario reconfigurar la pregunta que originalmente se consideraba incluir en la boleta. Tras el ajuste, no solo se omiten los nombres de los ex presidentes vivos, sino que tampoco se señala directamente que se trate de mandatarios ni de enjuiciamientos.
Finalmente, las personas que acudan a votar responderán un cuestionamiento complejo: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».
El INE destinará 522 millones de pesos a la consulta, al no haber obtenido ninguna ampliación presupuestal, y la próxima semana iniciará la difusión de los espots en medios audiovisuales para invitar a la ciudadanía a participar. El ejercicio representará el primero a nivel federal desde la aprobación de la figura de la consulta popular en 2014.
