Ordena SCJN revisar sentencias del caso de la Guardería ABC
Ciudad de México, 27 de mayo.- Después de 12 años del incendio en la Guardería ABC, que causó la muerte a 49 niños y lesiones a otros 38, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revisar las sentencias dictadas contra los responsables, y vincular a proceso a otros dos, que habían sido exculpados en un inicio.
El fallo implica que algunos de los acusados vean disminuidas sus penas, pero también que el número de inculpados por estos hechos suba de 19 a 22.
En el primer caso están el secretario del Consejo de Administración de la guardería, Antonio Salido Suárez, y quien fuera director de Bomberos de Hermosillo, Martín Lugo Portillo, ambos fueron sentenciados a 28 años de prisión.
La SCJN consideró que en sus sentencias no se hizo una correcta aplicación del artículo 64 del Código Penal Federal (CPF). Esta norma fija los criterios para el “concurso ideal” de sanciones, y señala que cuando por un mismo hecho se involucran varios ilícitos, se aplicará la condena que corresponda al delito con mayor penalidad, más las sanciones correspondientes a las demás infracciones, pero “sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes”.
En estos casos, los juzgadores de primera instancia resolvieron multiplicar la sentencia de mayor penalidad por el número de víctimas, lo cual violó los derechos de los sentenciados, según resolvió la SCJN.
En ninguno de los casos la sentencia será menor a cuatro años de prisión, lo cual significa que no contarán con la opción de libertad condicional.
Otro de los amparos resueltos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue promovido por padres de las víctimas en demanda de que se vinculara a proceso a tres supervisoras de las guarderías subrogadas del IMSS, quienes no habían sido absueltas, pero ahora serán sometidas a juicio por homicidio y lesiones culposas.
El fallo de la SCJN señala que los casos deberán regresar a un tribunal colegiado, para que se dicten las penas específicas para cada imputado, ninguna de las cuales será menor a cuatro años, lo cual significa que todos tendrán que cumplir por lo menos ese tiempo en la cárcel.
