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México

León Trauwitz permitió robo de 12 millones de barriles de combustible

Por: César Arellano y Gustavo Castillo

  • Ductos Minatitlán-México y Madero-Cadereyta

Ciudad de México, 19 de diciembre.- De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex), la organización delictiva que encabezó de 2014 a 2018 el general Eduardo León Trauwitz posibilitó la sustracción ilícita de 11 millones 876 mil 644 barriles de combustible en el ducto Minatitlán-México y de 962 mil 756 barriles en el ducto Madero-Cadereyta.

La información fue otorgada por el Ministerio Público Federal ante jueces de control con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, para que se libraran órdenes de aprehensión en contra de los involucrados en la red de corrupción que permitió que grupos delictivos sustrajeran ilícitamente combustibles de los ductos de Pemex, lo que también consta en el amparo en revisión 353/2019, que resolvió el tercer tribunal colegiado en materia penal, y del cual posee copia La Jornada.

En los documentos se menciona que al menos de 2014 a 2017 se han desplegado en forma permanente y reiterada conductas que tienen como finalidad cometer delitos en materia de hidrocarburos, por lo que se acusó a todos los involucrados de cometer delitos que comúnmente se han denominado huachicoleo, y por ello se les consideró parte de una organización de delincuencia organizada.

En esa red de corrupción, el Ministerio Público Federal ha señalado que existieron funciones de dirección, supervisión, identificación de mandos jerárquicos, división de tareas, de roles y estos aspectos, como ya se han indicado, presumiblemente acontecieron en Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y la Ciudad de México.

Los jueces federales han considerado que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) logró acreditar la sustracción de 5 millones 135 mil barriles de diésel, que corresponden a 816 millones 412 mil litros; así como de un millón 540 mil 306 barriles de gasolina Premium, que corresponden a 244 millones 889 mil litros; y 5 millones 196 mil 257 barriles de gasolina regular, que corresponden a 826 millones 138 mil 924 litros. Lo que da un total de 11 millones 876 mil 644 barriles, que se traducen en una cantidad de un mil 887 millones 440 mil 721 litros, sustraídos del poliducto denominado Minatitlán-México, con una extensión de 591 kilómetros, que pasa por la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Asimismo, se logró acreditar la sustracción de 962 mil 756 barriles de hidrocarburo, sustraídos del poliducto denominado Madero-Cadereyta, con una extensión de 848 kilómetros, que corre desde la refinería de Francisco I. Madero, ubicada en Madero, Tamaulipas, hasta la refinería de Cadereyta, en el estado de Nuevo León.

Respecto de Eduardo León Trauwitz, las investigaciones refieren que ostentaba el rango de general brigadier cuando asumió la Subdirección de Salvaguardia de Instalaciones Físicas de Pemex, y que tenía como finalidad principal coordinar las acciones operativas para proteger a Pemex contra cualquier riesgo a su patrimonio o amenazas, no obstante lo anterior no realizó esta cuestión y, contrario a ello, contaba con dos gerencias que estaban bajo su mando: la Gerencia de Seguridad Física y la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo, en las cuales tenía colaboradores directos.

La FGR señaló que para evitar el robo de combustible en los ductos, la paraestatal utilizaba de manera directa el sistema Leaklab, cuya función era detectar en tiempo real la falta de flujo de los ductos, para reportarlo de manera inmediata al área de Seguridad Física, pero no aplicaron el protocolo que ya se ha indicado con terminación PGO40, que señala que la Gerencia de Seguridad únicamente puede realizar la revisión de tomas clandestinas y dar parte a las autoridades sin manipularlas; por el contrario, lo que hicieron era manipular precisamente estas tomas clandestinas, contrario a la norma y desde luego también a lo que establecían las razones de seguridad y lo relativo a la optimización de evitar el robo de hidrocarburos.

En ese contexto, explicó la FGR a los jueces, en lugar de dar vista a las autoridades y que realizaran acciones correctivas definitivas, se hacían solamente reparaciones rústicas que permitían el reúso, incluso algunas de ellas ni siquiera estaban tapadas.

Electricidad: el espejo español

España se encuentra atrapada en la espiral de aumentos al precio de la energía eléctrica más grave de su historia. Esta semana se alcanzó un precio promedio semanal de 300 euros (7 mil pesos) el megavatio hora (MWh), el cual no sólo es el más alto jamás registrado, sino que resultaba inimaginable hace apenas un año. En enero pasado ya se consideraba preocupante el haber roto la barrera de 50 euros por MWh; en julio se dispararon las alarmas al pasar de los 100 euros, y la nueva marca es simplemente inmanejable. Para colmo, consultoras e institutos de análisis estiman de manera unánime que la escalada de precios continuará a lo largo de todo 2022, e incluso hay previsiones de que no se estabilizará sino hasta 2024.

No se trata de meras cifras: el incremento de las tarifas eléctricas ha devastado la calidad de vida de millones de hogares, y para muchos ha sido el golpe de gracia en unas finanzas de por sí precarias. Las organizaciones que administran bancos de alimentos y otras formas de asistencia social conocen de primera mano el impacto entre los sectores más vulnerables: con la llegada del invierno, se ha disparado la demanda de donaciones de velas, linternas y colchas para afrontar el frío y la incapacidad de pagar el precio de alumbrarse durante las noches. Entrevistadas por La Jornada, habitantes de Madrid dan cuenta de la dramática situación: encender la calefacción, cocinar con el horno o poner la lavadora en horas punta se han convertido en lujos que no pueden permitirse, por lo que toda la familia debe reunirse a dormir en una sola habitación para entrar en calor o, de plano, hay que elegir entre pagar la luz o la comida, la renta o el transporte.

Las empresas que controlan el mercado eléctrico español –Endesa, Iberdrola, Repsol, Naturgy y EDP– achacan el alza de casi 500 por ciento a los incrementos en los precios del gas natural y a los impuestos cobrados por el Estado. Pero los hechos son que España ostenta los precios de la electricidad más altos de Europa, pese a que toda la región enfrenta el mismo encarecimiento del hidrocarburo, y que estos aumentos no se han detenido, pese a las medidas fiscales y la reducción del IVA por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Así, el descontrol en las tarifas que cobra el oligopolio conformado por las compañías referidas debe explicarse por una peculiaridad hispánica: la entrega total de este sector estratégico a manos privadas y la completa desregulación del mismo, de acuerdo con los dogmas neoliberales que dejaron al Estado –y a todos los ciudadanos– inermes ante el afán de lucro y la falta de escrúpulos de dichas firmas, algunas de las cuales están inmersas en acusaciones de manipulación del mercado en beneficio propio.

La indefensión de la sociedad española frente a la arbitrariedad de las empresas a las que se les entregó el sector eléctrico en las décadas de los 80 y 90 constituye un espejo ineludible en momentos en que México debate el futuro de su industria y encara dos alternativas de enormes consecuencias: por un lado, repetir la experiencia hispana de liberalización y rendición nacional a los caprichos del mercado y, del otro, la recuperación de su rectoría y capacidad de planificación sobre esta infraestructura esencial para el desarrollo nacional y el correcto funcionamiento de la vida cotidiana.

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