La SCJN despenaliza el aborto, SG reconoce el fallo
Ciudad de México, 7 de septiembre.- Este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional sancionar penalmente a las mujeres que aborten. Por su parte, La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación reconoció la decisión tomada.
“Toda mujer y persona gestante tiene derecho a decidir libremente sobre su vida sexual y reproductiva; el Estado no debe intervenir en esta decisión y mucho menos usar al derecho penal para regularla” Alejandro Encinas Rodríguez
El subsecretario Alejandro Encinas dijo que se trata de un “día histórico para la protección de los derechos humanos en México”, y agregó el compromiso de impulsar que el derecho sea efectivo en todo el país y el acceso al mismo, sea seguro y gratuito.
“Este derecho se sustenta en la dignidad humana, el derecho a la salud, la vida privada, la libertad reproductiva, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad”.
Alejandro Encinas Rodríguez
ONU celebra el fallo a favor de la despenalización del aborto
Asimismo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
A través de redes sociales, hizo un llamado para que este criterio sea aplicado en todo el país y que ninguna mujer vuelva a ser criminalizada por interrumpir su embarazo, en línea con los estándares internacionales.
Destacó que la decisión de la SCJN ratifica su compromiso con los derechos de las mujeres en México.
La ONU-DH también reconoció el impulso de la Fiscalía General de la República (FGR) “a la acción de inconstitucionalidad, el proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar”, sobre la invalidez al artículo 196 del Código Penal de Coahuila -que se discutió hoy-, “y en particular la incansable lucha de las mujeres” que han hecho posible estos avances.
Por unanimidad, SCJN aprueba despenalización del aborto en el país
Es cuestión de derechos humanos y de salud; el Estado debe garantizarlos y evitar la intrusión del Derecho Penal, advierte magistrada
