Gobiernos incentivan grupo para criminalizar a defensoras de la tierra: ONAMIAP

Ciudad de México, 28 de abril.- Los gobiernos nacionales crean “organizaciones paralelas, que  corrompen y ofrecen trabajo, incentivos y obras a las comunidades para  manipular las decisiones a favor de la explotación e intereses de  actividades empresariales, y criminalizan a las defensoras de la tierra y  el territorio”, acusó Jackeline Odicio, representante de la  Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del  Perú (ONAMIAP).

“¡Basta ya! para terminar con la continuidad del racismo, el colonialismo  y el capitalismo salvaje. Ya basta que las empresas y los Estados dividan  y corrompan a los pueblos indígenas.”, enfatizó Odicio, en el marco del  21o período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas  para las Cuestiones Indígenas, como representante del Enlace  Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA)

De esta manera las mujeres indígenas de Abya Yala, se hicieron  escuchar en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y exigieron el  respeto de sus derechos y de sus pueblos.

En este sentido la lideresa amazónica, a través de su voz, expresó el  reclamo femenino para que el Foro Permanente recomiende al Comité  para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la  adopción e implementación de la Recomendación General sobre los  derechos de las mujeres y niñas indígenas.

También demandó a los Estados, adoptar, adecuar e implementar los  instrumentos internacionales y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, crear e implementar mecanismos de medición de impacto ambiental, asegurando el ejercicio de la Consulta  con Consentimiento, Libre, Previa e Informada, así como el respeto a la  autonomía y libre determinación de cada pueblo indígena, garantizando  la participación efectiva y derechos de pueblos, mujeres, y juventudes.

Asimismo, llamó a invertir recursos y fondos para fortalecer y  desarrollar empresas dirigidas por pueblos, mujeres y juventudes  indígenas.

Las mujeres indígenas subrayaron que las empresas y los Estados deben  resarcir los daños territoriales materiales, físicos, mentales, espirituales, individuales y colectivos hacia las mujeres, juventudes, adolescencias y niñez indígenas, por medio de mecanismos de medición del impacto de  afectación al territorio y a las personas, tanto en lo individual como en lo  colectivo.

Reiteraron el llamado a la ratificación del Acuerdo de Escazú como  herramienta fundamental para asegurar un medio ambiente sano a las  generaciones presentes y futuras.

Durante el desarrollo del Foro, las mujeres ejemplificaron las condiciones que se viven actualmente con lo que sucede en el Perú,  donde no se consulta, se corrompen a dirigencias indígenas y los policías se mantienen al servicio de empresas.

En general, señalaron, en términos más amplios, se militarizan territorios, criminalizan a dirigentes indígenas y los países se resisten a  aprobar leyes que aseguren sus derechos.

Por su parte, la Purépecha, Dulce Patricia Torres Sandoval, pidió al Foro Permanente que solicite al Estado Mexicano, la aprobación de la  Reforma Constitucional en materia indígena e impulsar y fortalecer a las  empresas encabezadas por cooperativas de Mujeres y Juventudes  Indígenas, con financiamiento, acceso a tecnología y apertura de mercados.

Patricia Torres, originaria de la comunidad de Pichataro, en el central  estado de Michoacán, expuso a nombre de la Coordinadora Nacional de  Mujeres Indígenas (CONAMI), que se deben generar políticas para frenar  las violencias individuales y colectivas.

En este sentido, expuso que se han manifestado situaciones graves en  los territorios indígenas, tales como la migración forzada, el  desplazamiento forzado, la trata de personas, el llamado etnoporno, un  creciente feminicidio, la utilización de productos químicos que afectan la  salud y alimentación adecuadas, la apropiación indebida de los  conocimientos, de la ciencia, tecnología, medicina, y de relación especial  con la madre tierra.

Por ello, exigió que se establezcan normativas para sancionar la  apropiación indebida y la folclorización de las expresiones culturales de  los Pueblos Indígenas, en concordancia con los instrumentos  internacionales y los Principios Rectores sobre las Empresas y los  Derechos Humanos con el objetivo de garantizar los derechos de los  pueblos, mujeres, y juventudes indígenas en México.

Coincidió en demandar un alto a la estigmatización, criminalización,  persecución, desaparición y asesinato de las y los defensores indígenas  del Territorio y de los Derechos Humanos, así como de periodistas en  México.

Como parte de los eventos paralelos en la ONU, este 27 de abril, la  Iniciativa Global por los Derechos de los Pueblos Indígenas (Indigenous  Peoples Rights- International-IPRI) presentó en Naciones Unidas, junto  con otros países los casos de México: Paso de la Reyna en Oaxaca,  Zitácuaro en Michoacán, Repechike en Chihuahua y Aldama en Chiapas,  así como de Filipinas, la India entre otros.

El 21º periodo de sesiones del Foro permanente de la ONU para las  cuestiones indígenas inició este 25 de abril y concluirá el 6 de mayo de  2022, en la ONU. 

Los planteamientos de las mujeres indígenas se expresaron durante la  sesión denominada “Pueblos Indígenas, empresas, autonomía y los  principios de derechos humanos asociados a la diligencia debida,  incluido el consentimiento libre, previo e informado”.

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