Factureros han defraudado 4.5 bdp; ahora los beneficia anulación de PPO
Ciudad de México, 25 de noviembre. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, y el dirigente de Morena, Mario Delgado, lamentaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anuló la aplicación de prisión preventiva oficiosa (PPO) en delitos fiscales, ya que, lamentaron, desaparece una norma encaminada a impedir el saqueo de las finanzas públicas.
Armenta era presidente de la Comisión de Hacienda en 2019 cuando se dictaminaron las reformas que ampliaron la aplicación de la PPO.
Ayer aseguró que empresarios y políticos que se volvieron delincuentes desviaron, en gobiernos anteriores, más de 4.5 billones de pesos a través de empresas fantasmas y facturas apócrifas.
El senador morenista agregó que respeta pero no comparte la resolución de la Corte y espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga llegar nuevas iniciativas en la materia, que pongan fin a la corrupción y “actuación desleal” de los defraudadores fiscales.
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Rechazó, además, que senadores y diputados se hubieran equivocado al aprobar las reformas para ampliar la PPO. “Hicimos lo correcto y vamos a insistir en legislar para evitar abusos.
“Puerta giratoria de la corrupción”: Delgado
Por su parte, Delgado manifestó que el fallo de la Corte “es una regresión”.
Ponderó que en el gobierno actual ya no hay privilegios ni favores fiscales, pero el hecho de que esos delitos “no sean sancionados de manera grave, como sí sucede en otros países, destapa la puerta giratoria de la corrupción a gran escala, a la que estaban acostumbrados los delincuentes de cuello blanco y los alienta a vivir sin miedo a la justicia”, añadió.
La decisión de la SCJN “solo la celebran los factureros y contrabandistas que en el pasado, impunes, vivían de defraudar a la hacienda pública. Por el traspatio la mafia del poder recupera los privilegios que con las reformas de la mayoría del pueblo perdieron”, indicó el presidente de Morena.
Tuvo su mayor alcance en la percepción de riesgo
La reforma en materia de delincuencia organizada que incorporó la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales tuvo su mayor alcance en la «percepción de riesgo», pues se redujo aproximadamente 30 por ciento el número de factureras detectadas, y de 64 sentencias condenatorias, que en el año reciente se han logrado en procesos penales federales, se han obtenido 2 mil 685 millones de pesos, además de 5 mil 670 millones de pesos vía acuerdos reparatorios, con los que los acusados pueden evitar la cárcel.
Los datos fueron reportados por Arturo Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), en su más reciente comparecencia frente a integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. En la reunión, el funcionario del gobierno federal recalcó que las disposiciones derivadas de la reforma de 2019 «tiene que ver con la percepción de riesgo» que genera.
Medina Padilla agregó que en investigaciones delictivas fiscales y financieras, así como de querellas en los procesos penales, de septiembre de 2021 a esa fecha (18 de octubre), la PFF presentó 298 querellas por los delitos de defraudación fiscal y equiparables por un monto histórico de poco más de 22 mil 200 millones de pesos, lo cual representó un incremento de 177 por ciento respecto al año anterior.
Respecto al número de carpetas de investigación judicializadas ante el poder judicial de la federación, se dictaron 55 autos de vinculación a proceso por el delito de defraudación fiscal y sus equiparables.
