En San Felipe reclaman pago por explotar minas de oro y plata; les dan 3 mil pesos
Mexicali, 18 de abril.- Integrantes del ejido Plan Nacional Agrario, municipio de San Felipe, quienes arriendan sus tierras a Grupo Frisco -que explota un yacimiento de oro y plata– se mantienen en lucha para exigir a la empresa mejoras en el contrato que mantienen desde hace casi 20 años y por el cual la compañía paga, a cada uno, 3 mil pesos mensuales.
El contrato lo firmó en octubre de 1993 el comisariado de dicho núcleo ejidal con la compañía, propiedad del empresario Carlos Slim Helú, cuyas subsidiarias son San Felipe, Minera Real de Ángeles y Minera María.
En el caso de San Felipe, la explotación de minerales se realiza en una extensión de 3 mil 500 hectáreas de la sierra Las Pintas, en territorio del ejido Plan Nacional Agrario, el segundo más grande de Baja California, después del ejido Reforma Agraria Integral.
Millones para la empresa, a los trabajadores siempre lo mismo
El 31 de octubre de 2019 concluyó la vigencia de los convenios pactados en 1993. En ese lapso, según especialistas como Jeanneht Armendáriz, doctora en ciencias del uso, manejo y preservación de recursos naturales del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, la mina obtuvo ganancias de 320 millones de dólares; sin embargo, el pago a los labriegos siempre fue el mismo.
En junio de 2020 los labriegos de Plan Nacional Agrario comenzaron a realizar protestas en demanda de un aumento en el pago por el arrendamiento de los terrenos, inversión en escuelas e infraestructura ejidal; además, acusaron a Grupo Frisco de apropiarse de predios comunales.
Ese año se instalaron mesas de negociación en las que participaron ejidatarios, representantes de la compañía, funcionarios estatales y federales. Ello permitió el acceso gradual de los trabajadores a la mina para permitir la producción. En la actualidad se discuten las condiciones de renta.
Sin embargo, las negociaciones entre el ejido Plan Nacional Agrario y Frisco permanecen «empantanadas» desde septiembre pasado a consecuencia, según los quejosos, de la inacción de funcionarios de la Unidad de Atención de Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación.
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