Bancos de EU amenazan a México si pasa plan judicial
El banco de inversión estadunidense Morgan Stanley, uno de los tres mayores del sistema financiero global, recomendó a sus clientes no invertir en acciones de algunas empresas mexicanas y reducir su participación en otras, con el argumento de que la iniciativa de reforma al Poder Judicial «aumentará las primas de riesgo en México».
La decisión fue dada a conocer el mismo día que Citibanamex –filial del también estadunidense Citi– aseguró que el mercado financiero mexicano –en el que se negocian acciones, bonos y divisas– «parece haber desdeñado el impacto político negativo» de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, «así como subestimado su riesgo económico».
En una nota a sus clientes este martes, Morgan Stanley expuso que redujo la ponderación de instrumentos mexicanos en su recomendación de portafolio de inversión, «tras la propuesta de reforma judicial que el Ejecutivo envió al Congreso».
El reporte fue publicado ayer, aunque la iniciativa fue presentada por el presidente López Obrador al Congreso en febrero pasado.
“Pasamos a una posición infraponderada en México. Somos cautelosos con la renta variable –acciones que se negocian en los mercados bursátiles– en la región de América Latina”, expuso el banco de inversión estadunidense.
“Bajamos la calificación de México a infraponderada tras la propuesta de reforma judicial que el Ejecutivo envió al Congreso. Creemos que remplazar el sistema judicial debería aumentar el riesgo, así como las primas de riesgo de México y limitar el gasto de capital. Eso es un problema, ya que la relocalización de empresas (conocida como nearshoring) está alcanzando cuellos de botella clave”.
Al contrario de la decisión sobre los instrumentos mexicanos, Morgan Stanley aumentó la ponderación de papeles brasileños en su portafolio de inversión recomendado.
La reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador –y que ha respaldado la presidenta electa, Claudia Sheinbaum– «presenta riesgos para la narrativa de inversión del país. Reduciremos el peso de participaciones clave en el país como Walmex, Femsa y Coca-Cola Femsa, y eliminaremos Kimberly Clark México, Laureate y Qualitas», expuso.
Por separado, el área de análisis de Citibanamex afirmó que todo indica que los mercados financieros nacionales e internacionales subestiman las implicaciones que podría tener la aprobación de una reforma judicial y una mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso.
«El mercado no parece haber descontado completamente que sí habrá una mayoría calificada de Morena y que sí se aprobará la reforma judicial; también parece haber desdeñado el impacto político negativo de ésta y otras reformas, así como subestimado su riesgo económico», apuntó.
Precisó que dada la moderación en las reacciones de los mercados financieros, es posible que quienes ya descuentan las reformas consideren que, «aunque éstas debiliten la democracia, no implicarán políticas económicas antimercado ni debilitará el marco macroeconómico».
Reforma limitará inversión
La incertidumbre por posibles cambios en el marco institucional en México, así como un cambio de administración y condiciones financieras más restrictivas, han restado dinamismo a la inversión, por lo que el área de análisis económico de Ve por Más (Bx+) realizó un ajuste a sus perspectivas de mediano plazo.
Alejandro Saldaña Brito, economista en jefe de Ve por Más (Bx+) sostuvo que hicieron un ajuste de perspectiva para el mediano plazo. Y es que se está concretando un modesto deterioro en el marco institucional (la confianza) y las condiciones financieras son más restrictivas (tasas de interés altas), lo que restaría dinamismo a la inversión.
Saldaña Brito aseveró que la preocupación es que estos cambios a la Constitución deriven en una mayor concentración de poder en el Ejecutivo, menor flexibilidad de las finanzas públicas, afectaciones en el estado de derecho y restricción a la iniciativa privada.
Sin embargo, consideró que prevalecerán algunos contrapesos externos, como las agencias calificadoras y la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
