Cárceles de México, llenas por casos que no ameritan prisión preventiva
Tijuana, 12 de julio. En México las cárceles están llenas de personas que no ameritan prisión preventiva; siete de cada 10 casos que no están en un supuesto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales están presas, advirtió el fiscalista Adolfo Solís Farías al conocer el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aplazar la decisión de casos en que existan contradicciones de criterios respecto a la aplicación de la medida.
«La prisión preventiva debería ser de carácter excepcional; en lugar de corregir el sistema lo estamos empeorando y esto, lo que está diciendo la Suprema Corte, es que se aplacen todos los asuntos que estén en revisión, todos los asuntos que se vayan a resolver si la persona se va a quedar en la cárcel o va a salir, necesita un análisis más profundo, necesita un análisis mucho más complejo para poder decidir qué se va a hacer, de eso se trata este acuerdo», explicó Solís Farías.
El acuerdo al que se refirió señala que «en las contradicciones de criterios del conocimiento de los plenos regionales, así como en los amparos en revisión del conocimiento de los tribunales colegiados de Circuito, en los que subsista el análisis de convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, se deberá continuar el trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de esta, hasta en tanto este alto tribunal establezca el o los criterios respectivos, y se emita el acuerdo general plenario que corresponda».
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Adolfo Solís recordó que el Nuevo Sistema Penal Acusatorio -que contempla que la prisión preventiva solo se aplique en casos de carácter extraordinario señalados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales- entró en vigor en México hace una década, pero aun así siete de cada 10 personas que no están en ese supuesto se encuentran en la cárcel.
Explicó que el artículo 167 indica en qué casos está justificada la prisión preventiva, «claro que si hablamos de casos de narcotráfico, de parricidios, de genocidio, de terrorismo, es claro que se requiere prisión preventiva oficiosa; sin embargo el gobierno ha querido regresar la presión preventiva oficiosa, y los propios jueces federales también han aplicado la prisión preventiva oficiosa a casos que no son graves ni vienen enumerados en ese artículo», expuso.
Advirtió que esto ha provocado una discrecionalidad porque los ministerios públicos en todos los casos piden que las personas permanezcan en prisión; ha generado un abuso porque muchos jueces, con cualquier tipo de insinuación que haya que pueda sustraerse el sujeto de la acción de la justicia, aunque no existan bases objetivas para creerlo, se está dejando a la persona en prisión preventiva, y esto está generando costes innecesarios para el Estado».
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Puso como ejemplo que hay casos en materia fiscal, de comercio exterior o patrimonial en los que se está dejando en prisión a las personas, «pero si el objetivo, por ejemplo en materia fiscal es recaudar el impuesto, cómo vas a lograr recaudar impuesto si tienes a la persona en prisión».
Consideró que se justifica más que se le permita salir, «que se ponga a trabajar, que pague sus deudas fiscales y que en automático pueda cubrir tanto la deuda fiscal que tiene y que se haga acreedor a una serie de sanciones que pueden modificarse o pueden conmutarse por otras, como trabajos a favor de la comunidad, o pueden conmutarse con otra serie de de beneficios que muchas veces pueden ayudar más a la sociedad que generarle gastos y erogaciones».
