Masivo despliegue policial ante protesta en Argentina

Buenos Aires, 1 de febrero.- Graves incidentes se reportaron por la sobreactuación de las fuerzas de seguridad –Gendarmería, Policía Federal, Motorizada y Prefectura– enviadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reprimir a organizaciones sociales y grupos de izquierda radical, en una marcha menor que las anteriores, en rechazo al intento del gobierno de que los diputados aprueben el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la ley ómnibus, aun con los artículos que se rescribieron y algunos eliminados.

Ante el operativo de seguridad montado para reprimir a organizaciones sociales y de izquierda, el abogado y dirigente Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, convocó a un cacerolazo frente a la Plaza del Congreso para repudiar la represión y el operativo de guerra que instaló Bullrich, el cual no logró que se fueran los manifestantes.

Anoche se le unieron vecinos de varios barrios al grito de «fuera, yuta (policía)». Ante esta situación otra vez regresaron la Gendarmería, los carros de asalto, los hidrantes y también la policía y la prefectura.

En la tarde, protegidos por escudos, habían empujado a los inconformes, provocando la caída de varios, incluidas mujeres, a quienes golpearon con bastones. Entre éstos estaba Eduardo Belibone, dirigente de la Unidad Piquetera, que se desvaneció por los golpes y patadas recibidos.

La presencia de los manifestantes frente a un Congreso cercado con vallas era pacífica, y sólo se oían los cánticos y eslogans como en cualquier protesta, cuando se vieron rodeados por un asombroso e innecesario operativo de las fuerzas de seguridad dentro del protocolo de la ministra Bullrich, que ha sido considerado por la Organización de Naciones Unidas ilegal y violatorio de las disposiciones internacionales.

El tanto, el debate en el Congreso en un día de calor asfixiante, también estuvo caldeado en el recinto, con incidentes provocados por simpatizantes del gobierno ultraderechista del presidente Javier Milei, entre ellos el empresario Tomás Agote, quien insultó a varios diputados opositores, en especial a Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, ante lo cual el presidente de la cámara baja, el oficialista Martín Menem, ordenó retirarlo del recinto.

En otro hecho grave, una diputada de la peronista Unión por la Patria denunció la presencia en la sala de Leonardo Sosa, del grupo neonazi Revolución Federal, vinculado con el financiamiento a los detenidos por el intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre de 2022, que hasta ahora sigue sin esclarecerse porque lo han cajoneado una jueza y un fiscal ligados al Partido Judicial que responde al ex presidente, Mauricio Macri.

Sosa admitió que «fue convocado por un grupo de libertarios para ir a hacer el aguante», después de ser expulsado por el presidente de la cámara.

El legislador de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, acusó al presidente Milei de amenazar con «campañas de desprestigio» a quienes ponen objeciones a la ley, que exige se vote y que habría «carpetazos» y «campañas de desprestigio a distintos diputados».

También el activo presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió que es muy grave la denuncia de Massot sobre las amenazas que han marcado la actitud del oficialismo en estas circunstancias.

El gobierno, que cuenta con 38 de 257 diputados, mediante las «negociaciones» cada vez más sospechosas de funcionarios con diputados fuera del recinto logró el quorum para volver al debate en el Congreso y tratar lo que queda de la ley ómnibus, pero hasta anoche el texto con las correcciones y eliminación de varios artículos no había sido enviado, por lo cual nadie sabía ni siquiera lo que estaban debatiendo. Se abrió un receso y la discusión continuará hoy.

Fueron muy importantes los discursos de diversos sectores, incluidos algunos «amigables» o «dialoguistas», varios de los cuales advertían no estar dispuestos a delegar facultades al Ejecutivo. De la misma manera hay un rechazo generalizado a la dolarización, después de que en los últimos días el propio Milei sostenía que estaba cada vez más cerca de imponerla.

Estas actitudes del presidente y el cruce entre los funcionarios que se contradicen, terminan sorprendiendo a todos los bloques, incluyendo «los amigables», ya que las acusaciones del presidente de ser «coimeros» (que reciben sobornos)» idiotas útiles» o «zurdos», más la extorsión abierta a los gobernadores, han calado en la mayoría, como se expresó ayer.

Entre los objetivos de Milei, además de la delegación de facultades, que sería convalidar un golpe de Estado «blando», está el intento de que se aprueben las privatizaciones de empresas públicas.

«Si no salen las privatizaciones tal como lo pedimos, preferimos que no haya sesión y ustedes pagarán el costo ante la opinión pública», habría advertido el lunes el asesor presidencial Santiago Caputo a los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) y de Hacemos Coalición Federal, en el despacho del presidente de la cámara baja, Martín Menem.

Facundo Manes, diputado de la dividida UCR, puso en claro todo lo que no se iba a votar, sobre todo la entrega de las facultades a un presidente que se quiere imponer sobre todos.

Y desde Washington, Milei recibió elogios de la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para quien el mandatario ultraderechista está tomando medidas audaces, justo cuando la entidad financiera autorizó el desembolso de unos 4 mil 700 millónes de dólares para apoyar a su gobierno a restablecer la estabilidad económica, informó la prensa.

Facundo Manes, diputado de la dividida UCR, puso en claro todo lo que no se iba a votar, sobre todo la entrega de las facultades a un presidente que se quiere imponer sobre todos.

Y desde Washington, Milei recibió elogios de la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para quien el mandatario ultraderechista «está tomando medidas audaces», justo cuando la entidad financiera autorizó el desembolso de unos 4 mil 700 millones de dólares para «apoyar» a su gobierno a restablecer «la estabilidad económica», informó la prensa.