AI exige más acciones oficiales contra ‘Pegasus’; Israel ‘toma en serio’ denuncias
Ciudad de México, 30 de julio.- Amnistía Internacional (AI) México y activistas en defensa de derechos humanos que fueron blanco de espionaje en administraciones pasadas urgieron al gobierno federal a tomar más acciones para terminar la vigilancia ilegal y que el caso de Pegasus no quede sin castigo.
Edith Olivares, directora ejecutiva de AI México, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que publique la lista de personas vigiladas con el software, así como quienes tomaron la decisión de que se les espiara; dé a conocer qué dependencias federales firmaron los contratos con la firma israelí propietaria de Pegasus, y que además informe cuánto ha invertido la Federación en ese sistema de vigilancia.
Asimismo, pidió que el Congreso de la Unión garantice que la vigilancia digital en el país se dé dentro del respeto a los derechos humanos y «nunca más» se espíe ilegalmente a activistas o comunicadores.
Por su parte, Abel Barrera, al frente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aseveró que no es suficiente decir que ya no hay espionaje y que acciones más contundentes son necesarias: «Las instituciones del Estado se especializaron en vigilar, en atentar contra el trabajo de los defensores; desmontarlo de la noche a la mañana lo veo complicado».
El Centro que dirige, dijo, fue blanco de espionaje en 2016, cuando el gobierno federal difundió una supuesta conversación del abogado Vidulfo Rosales donde «supuestamente hablaba contra los padres» de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en lo que Barrera describió como «una acción irregular, ilegal» para afectar esta lucha.
Sedena, Semar y Conagua contrataron Pegasus en 2010-18: Transparencia
Los 31 contratos localizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y celebrados entre instituciones federales y presuntas empresas fachada para camuflar la adquisición del software espía Pegasus por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, no son los únicos que han obtenido esas compañías.
Además de los acuerdos con la Policía Federal (PF), la Secretaría de Gobernación, el Servicio de Protección Federal, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, entre 2010 y 2018 estas empresas fachada ligadas a la firma israelí NSO Group también consiguieron contratos con las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Esta semana la SSPC divulgó 27 de 31 contratos relacionados con Pegasus, presuntamente fraudulentos, firmados por instancias federales durante los mandatos de Calderón y Peña con compañías consideradas «fachada». El gasto público destinado a estas transacciones es de unos mil 970 millones de pesos (61 millones de dólares), empleados en compra y mantenimiento de la infraestructura técnica y adquisición de bases de datos, según el gobierno federal.
Israel ‘toma en serio las acusaciones’ por ‘Pegasus’
Mientras tanto, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, afirmó ayer que su país toma con seriedad las denuncias al respecto. Aseguró que Israel solo autoriza la exportación de productos cibernéticos a los estados y «con el único fin de luchar contra el terrorismo o el crimen”.
El Parlamento de Israel creó una comisión especialmente para investigar las acusaciones de «mal uso» de Pegasus, que permite infiltrarse en sistemas informáticos, por parte de algunos gobiernos para espiar a periodistas, activistas y políticos.
Con información de Jessica Xantomila y Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada
