Agentes de la FBI catean la mansión Mar-a-Lago de Trump en Florida

Nueva York, 9 de agosto. La FBI realizó ayer un cateo sorpresa en la mansión de Donald Trump conocida como Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el cual el ex presidente denunció como parte de un esfuerzo de «demócratas de izquierda radical» para evitar su candidatura presencial en 2024, y afirmó que «tal asalto solo sucede en países descompuestos del tercer mundo» y que Estados Unidos «se ha convertido en uno de ellos».

La noticia fue difundida por el ex mandatario, quien se quejó de que su mansión «está bajo sitio, rodeada y ocupada por un grupo grande de agentes de la FBI», y añadió: «hasta han intervenido en mi caja fuerte». Dijo que «nada como esto ha ocurrido jamás a un presidente de Estados Unidos» (aparentemente olvidando su condición de ex gobernante).

«Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada sobre mi hogar no era necesaria ni apropiada», indicó en su amplio comunicado, en el cual no reveló si sabía qué era lo que estaban buscando los agentes federales. «Estos son tiempos oscuros para nuestra nación», declaró.
No mencionó que el actual jefe de la FBI, Christopher Wray, fue nombrado en ese puesto precisamente por él.

Aunque hasta la noche del lunes no había comentario oficial de la FBI o del Departamento de Justicia, esta operación sin precedente indica que algunas de las múltiples investigaciones federales –hay otras estatales– sobre el ex presidente se están intensificando.

Según información preliminar extraoficial reportada por varios medios estadunidenses, el cateo aparentemente está enfocado en documentos que Trump se llevó de la Casa Blanca, incluyendo algunos que son clasificados como secretos. Aunque con anterioridad fue obligado a regresar varias cajas de documentos a las autoridades, parte del cateo sería para ver si aún tenía documentos oficiales en su mansión que no había retornado a los Archivos Nacionales tal como marca la ley.

Con todo, un cateo no implica que se hayan formulado cargos criminales, se requiere una orden judicial y para obtenerla las autoridades tienen que convencer a un juez de que hay «causa probable» de que un delito ha ocurrido.

Nueva publicación

El día comenzó con nuevas revelaciones sobre cómo deseaba Trump que los generales se comportaran con él como los de Hitler, según periodistas que cubrieron su gobierno, y por separado, una extensa investigación periodística revela los detalles y dimensiones de la elaboración e implementación de la política de Trump de separación forzada de miles de niños de sus familias como medida para disuadir la migración indocumentada.

«Ustedes, chingados generales, ¿por qué no pueden ser como los generales alemanes?», le increpó Trump a su jefe de gabinete John Kelly, ex general, quien le preguntó a cuáles se refería. «Los de la Segunda Guerra Mundial», respondió el magnate, afirmado que ellos habían sido «totalmente leales» al jefe nazi. Kelly, obviamente irritado, le respondió que esos generales «habían intentado asesinar a Hitler tres veces y casi lo lograron».

El intercambio se revela en un nuevo libro de Peter Baker, el principal corresponsal del New York Times en la Casa Blanca, y Susan Glasser, escritora del New Yorker, un extracto del cual fue publicado ayer en The New Yorker. Reportan que ese modelo de mando era lo que deseaba Trump para sus propios militares, y que Kelly le dijo al presidente que no existían ese tipo de generales en Estados Unidos.

Los extractos del libro detallan la creciente alarma entre los máximos líderes militares y algunos de los civiles sobre su comandante en jefe. Varios fueron cesados por Trump por no ser suficientemente obedientes. Éstos se consideraban «los adultos», cuya misión, según ellos, era literalmente evitar una catástrofe militar en el extranjero, y más aún, involucrar a las fuerzas armadas en una crisis política dentro de Estados Unidos.

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Fue el general Mark Milley, a quien Trump instaló en 2019 como jefe del Estado Mayor, el encargado de navegar la recta final de esa presidencia, que incluyó frenar a Trump en su deseo de ordenar el uso de miles de tropas activas para suprimir manifestaciones en varias partes del país relacionadas con el movimiento Black Lives Matter.

Ante ello, Milley decidió que tenía que renunciar, y redactó borradores de una carta con ese propósito en los que expresó que no podía cumplir con órdenes de un comandante en jefe que «está haciendo un gran e irreparable daño a mi país», incluso “usar a los militares para generar temor en la mente de la población… un ataque contra el pueblo estadunidense” y finalmente porque «usted está arruinando el orden internacional» que surgió en parte de la lucha contra el nazismo y el fascismo, y «usted suscribe muchos de los principios contra los cuales luchamos».

Sin embargo, Milley fue convencido por ex altos funcionarios y mandos militares de que tenía que permanecer en su puesto para defender al país, no de enemigos, sino del propio Trump. Fue en el periodo poselectoral cuando Milley y otros enfrentaron la posibilidad de un presidente que buscaba usar a las fuerzas armadas para mantenerse en el poder, o sea, dar un golpe. Según el reportaje, Milley temía que “Trump fabricara una crisis doméstica para justificar una orden a los militares a tomar las calles y evitar así el cambio de poder… Un momento Reichstag”.

El 6 de enero ese temor de un golpe se volvió algo real y que, según este reportaje, no se logró en parte porque los militares «nunca habían sido, y nunca serían, los generales de Trump».

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Las familias indocumentadas

Por otro lado, una extensa investigación periodística de 18 meses de Caitlin Dickerson y publicada ayer en The Atlantic sobre la política de «cero tolerancia» bajo la cual el gobierno de Trump separó a niños de sus padres inmigrantes por la fuerza en 2017 y 2018, revela que “mientras los funcionarios estaban desarrollando la política que finalmente destrozaría a miles de familias, minimizaron sus implicaciones para ocultar lo que estaban haciendo… Todos los peores resultados fueron anticipados”.

Más aún, los culpables no son sólo los oficiales antimigrantes de Trump, sino decenas de funcionarios que permitieron la implementación de la política. Y algunos «estaban a tantos niveles de abstracción lejos de la realidad de niños gritando mientras eran arrebatados de los brazos de sus padres y podían esconderse de las consecuencias humanas de lo que estaban haciendo» (ver la versión en español: https://www.theatlantic.com/magazine/ archive/2022/09/trump-politica-de-separacion-familiar-inmigracion/671028/).

De hecho, NBC News reportó la semana pasada que el gobierno de Joe Biden ha logrado reunir a 400 menores con sus padres después de haber sido separados por las medidas del gobierno de Trump. Más de 5 mil menores de edad fueron separados de sus familias en 2017 y 2018 y se calcula que más de mil aún no han sido reunificados.

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