Vota Congreso de BC contra «pensiones doradas», pero pide no afectar «retribuciones legítimas»
Mexicali, 26 de marzo. Con 20 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, el Congreso de Baja California respaldó la propuesta de la Legislatura federal de poner tope a las jubilaciones y evitar las llamadas «pensiones doradas» en las entidades públicas, pero el respaldo se dio junto con la petición de que se establezcan mesas de trabajo con sectores que podrían resultar afectados, y de que se definan con claridad en las leyes secundarias los alcances de la reforma.
Al anticipar su voto en contra y plantear la primera postura, la diputada petista, Yohana Hinojosa Gilvaja, reveló que desde la noche del miércoles 25 de marzo, el comisionado político nacional de su partido, el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, anunció que «vamos a dar un paso difícil, pero siempre en favor del trabajador, de la población», lo que generó aplausos de jubilados presentes, que con pancartas levantadas exigían que no se toquen sus pensiones.
En la misma dirección se pronunciaron integrantes de Acción Nacional, como la diputada Alejandrina Corral Quintero, quien advirtió que no están defendiendo un privilegio, sino «una vejez digna», y criticó que «querer hacer prisioneros de las dádivas sociales a los pensionados es totalmente injusto e inmoral».
Sí, pero que haya mesas de trabajo
Por parte de Movimiento Ciudadano, la legisladora Daylín García Ruvalcaba -quien votó a favor junto con la bancada morenista-, reconoció que hay «pensiones absurdas, millonarias, que laceran incluso la posibilidad de tener mejores programas y seguridad social», pero apoyó la iniciativa al tiempo que pidió que no exista una retroactividad para las pensiones ya otorgadas. Recordó a nivel nacional «ese transitorio lo reservamos completamente», pero la «mayoría abrumadora no lo votaron a favor».
Presentó un punto de acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión, a fin de que se establezca con claridad la no retroactividad y la no afectación a quienes perciben una pensión justa, al que se sumaron diputados de diferentes partidos, incluidos Morena, Verde Ecologista, Revolucionario Institucional y Encuentro Solidario.
Las diputaciones acordaron establecer mesas de trabajo con grupos de jubilados del Issstecali, a fin de definir con claridad en las leyes secundarias los alcances de esta reforma federal y garantizar que la armonización estatal no perjudique a quienes reciben su retribución de manera legítima y digna, indicó el Congreso del Estado al terminar la discusión, en un comunicado de prensa.
El resultado quedó en 20 votos a favor, cuatro en contra -de la bancada panista y el PT- y cero abstenciones, con lo que se avaló la minuta con proyecto de decreto remitida por el Congreso de la Unión, que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los alcances de la reforma
La reforma establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir una pensión o jubilación mayor a la mitad de la remuneración prevista para la persona titular del Ejecutivo Federal. El objetivo es preservar el carácter de las pensiones como instrumento de protección social y evitar beneficios individuales excesivos con cargo al erario, explicó el comunicado.
Este cambio es parte del proyecto para ordenar el sistema de remuneraciones y pensiones del sector público, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo «quien ha subrayado la necesidad de garantizar pensiones dignas y evitar privilegios desproporcionados que comprometan el gasto público».
La seguridad social responde a una lógica de solidaridad colectiva y de tutela frente a riesgos socialmente compartidos. Bajo ese razonamiento, las pensiones deben garantizar dignidad y bienestar a las generaciones presentes y futuras, sin convertirse en beneficios individuales desproporcionados, destacó el boletín de prensa.
Precisó que quedan excluidas de este límite las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias en cuentas individuales, las aportaciones sindicales en sistemas complementarios de ahorro y la pensión no contributiva prevista en el artículo cuarto constitucional.
