Un diálogo franco y horizontal entre el Estado mexicano y los indígenas como paso previo para un mayor reconocimiento de derechos
Tijuana, 30 de abril.- Mediante un comunicado, la asociación civil Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Civil, habla sobre lo que considera como pendientes del gobierno con los pueblos nativos de México y en especial los de Baja California
Compartimos integró el comunicado:
“Ha concluido el tiempo de ejecución del proyecto “Por la Erradicación de la Violencia Política Contra las Mujeres Indígenas y por una Agenda Legislativa Indígena en Baja California” y son muchos los balances que podemos hacer al sobre el estado que guardan los derechos humanos de los pueblos indígenas de México y en especial de Baja California.
En este texto enlistaremos sólo algunos de los pendientes más apremiantes, lo cierto es que percibimos que actualmente en México no se está desarrollando un diálogo franco y horizontal entre los miembros de pueblos y comunidades indígenas y lo que se denomina la burocracia indígena, principalmente las autoridades que tienen la rectoría en materia indígena como lo es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Este impasse por falta de diálogo está repercutiendo no solo en la parte administrativa, también se está expandiendo a otras áreas de la vida pública como lo legislativo.
La autodenominada Cuarta Transformación tuvo en las elecciones presidenciales del 2018 un gran respaldo popular, principalmente en estados de la federación mexicana en donde existen regiones con alta concentración de poblaciones indígenas. Es por ello que, la contundencia de la victorial electoral y la mayoría lograda en el Congreso de la Unión en la LXIV legislatura despertó un gran entusiasmo entre los simpatizantes por lograr el tan anhelado pleno reconocimiento y verdadero respeto a sus derechos indígenas.
Sin embargo, ese entusiasmo se ha ido desvaneciendo, se ha ido “enfriando”. En el artículo titulado Fuera Máscaras. El neoindigenismo de la 4T en tiempos de pandemia, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y disponible en el sitio web: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/14/6569/10.pdf dos integrantes de nuestra asociación Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Civil hacen un recuento de prácticas que la actual Administración Pública Federal ha reproducido y que desde los pueblos se tenía la esperanza de que se iban a superar. Entre ellas podemos citar la designación de funcionarios sin tener en cuenta a los involucrados como lo refiere el Convenio 169 de la OIT, los recortes presupuestales, las políticas desarrollistas-extractivistas, las deficiencias en las consultas indígenas señaladas por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otras.
Sabemos que los retos son enormes en materia de la plena observancia de derechos indígenas en México. Sin embargo, encontramos también que hay sectores de la sociedad que desconfían e incluso obstaculizan el avance en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Prueba de ello es la negativa del Congreso Local de Baja California para reformar la Constitución local en materia indígena, a pesar de que existen recomendaciones tanto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como una Recomendación General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A ello hay que agregar una sentencia del Poder Judicial local, un Incidente de Inejecución de Sentencia y un exhorto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Todo eso es insuficiente para lograr conmover a los diputados locales que prefieren relegar el tema.
Además de la falta de voluntad política podemos afirmar que existe una falta de capacidad operativa de lo que se denomina la burocracia indígena. Sabemos que hay muy buenos perfiles indígenas dentro de la Administración Federal y en muchos de los gobiernos de los estados, no obstante, en términos generales existe la sensación entre las comunidades de que es muy complicado el diálogo y llegar a acuerdos con los altos funcionarios indígenas, sobre todo, los del INPI.
El INPI es la cabeza de sector en materia indígena y sus facultades y obligaciones están delimitadas en la Ley que lo crea. La Fracción III del Artículo 4º de la ley del INPI establece que: “para este efecto, se deberá establecer un diálogo sostenido e incluyente con los pueblos indígenas y afromexicano, como sujetos de derecho público y mediante una relación de respeto e igualdad, para la coordinación y ejecución de acciones conjuntas basadas en la buena fe”.
Por otro lado, la citada Ley le otorga al titular del INPI diversas atribuciones, entre ellas la enunciada en la fracción IX del artículo 17 que a la letra dice: “formular, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de reforma constitucional, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República”.
Hasta ahí todo bien, no obstante, al argumentar que existe un diálogo deficiente que complica que diversos pendientes de la agenda indígena avancen, nos referimos, por ejemplo, a la reunión del 26 de enero en la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la cual los distintos integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afroamericanos en su 4ta Reunión Ordinaria fueron plantados por el titular del INPI, situación que ya había ocurrido en situaciones anteriores.
En el video disponible en el canal de la Cámara de Diputados del portal YouTube disponible en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=YQ_wnKdmtT4&t=1564s se puede observar la molestia de las y legisladores ante la recurrente insistencia del titular del INPI y la falta de comunicación tanto de él como de sus enlaces legislativos.
Las intervenciones de las y los representantes populares mostradas en la grabación dan cuenta de una realidad, en México el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas es casi inexistente y como lo dejan ver las y los diputados en dicha reunión: si ese trato reciben ellos que tienen un mandato constitucional y una representación, ¿cuál será la forma en que el titular del INPI trata al ciudadano común?
El caso de las y los diputados desairados sólo es la muestra de un botón de una realidad que cada vez cuesta más soslayar. Existen otros casos iguales o más dramáticos que dan cuenta de cómo la burocracia indígena ha mostrado poca sensibilidad ante problemáticas difíciles, como por ejemplo: los asesinatos de activistas indígenas como Tomas Rojo, Samir Flores, José Baldenegro, Patricia Rivera, etc., o la desaparición de Vicente Suástegui, sólo por citar los casos más renombrados; también tenemos la tibia reacción del oficialismo indígena ante la destrucción del patrimonio histórico, arqueológico e inmaterial frente al impulso de proyectos de infraestructura en una de las regiones consideradas megadiversa, además, por si fuera poco, en plena crisis por el cambio climático; o la falta de tacto político ante la toma de instalaciones como la sede principal del INPI y los desalojos violentos de los plantones de los opositores a la planta de Bonafont en Puebla, de los opositores al PIM en Morelos o el reciente desalojo de los triquis en la CDMX, quienes se encuentran en calidad de desplazados forzados internos; a ello debemos agregar la aquiescencia de la burocracia indígena ante el avance de la militarización de los territorios indígenas lo cual es contrario a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Podríamos enlistar otros desaciertos que han tenido los funcionarios encargados de implementar las políticas públicas en materia indígena por parte de la actual Administración Pública Federal, sim embargo el objetivo de estas líneas es reafirmar al dialogo como un mecanismo necesario y como un paso previo para construir otro tipo de acuerdos y proyectos.
La nación y el Estado mexicano están en deuda con los pueblos originarios de México y existe una coyuntura favorable para empezar a saldar esa deuda. La celeridad con la que fue aprobada la reforma a la Ley Minera en materia del litio es una muestra de que cuando existe voluntad las cosas avanzan. No obstante, para lograr una reforma constitucional indígena va a ser necesario, precisamente, de un dialogo horizontal, constante, amplio y franco, porque como ya lo expresamos, existen sectores, dentro y fuera de la actual Administración Pública Federal, que ven como una amenaza un reconocimiento más amplio a los más antiguos mexicanos.
Es ahí donde se vuelve fundamental la burocracia indígena y su capacidad de construir puentes. No solo existen reformas constitucionales pendientes en Baja California y a nivel federal, en diversas entidades del país están en la misma situación y sólo falta el oficio político de los altos funcionarios indígenas para echar a andar las maquinarias legislativas locales, ya los resultados dependerán de las correlaciones de fuerzas que existan, tanto de los partidos políticos, como de los movimientos sociales locales y la capacidad de incidencia que tengan”:
