Trabajo informal y carencias persisten entre jornaleros de San Quintín
San Quintín, 21 de enero. Existe un desconocimiento generalizado sobre la situación laboral que se vive en la actualidad en San Quintín porque la atención suele centrarse en las grandes empresas y deja fuera la realidad de las pequeñas, justo donde persisten prácticas laborales irregulares, como esquemas de pago informal, señaló el investigador Lenin Contreras.
Maestro en educación, ex subsecretario de Asuntos Indígenas y actual regidor de San Quintín por Morena sostuvo una reunión con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, con quien acordó realizar trabajo conjunto y poner a su disposición estudios sobre la situación de empresas agrícolas en la región, en las que participó en coordinación con organizaciones sociales y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
“Se presentó el acervo de información disponible, resultado de entrevistas, trabajo de campo y coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, en específico con el agregado laboral del Departamento de Trabajo, así como con las organizaciones Sustentar y World Vision que incluye entrevistas a empresas y diagnósticos de campo; se propuso su uso compartido para trabajo colaborativo interinstitucional y la disposición de fungir como enlace institucional, respetando los roles de las autoridades locales, para facilitar la coordinación entre los actores de la región”, especificó.
En entrevista para La Jornada destacó que, a partir de la huelga de 2015, se lograron avances importantes en la regulación de contratos y condiciones laborales dignas. Sin embargo, no han permeado de manera uniforme, en especial en las empresas pequeñas.
Con relación al trabajo infantil y juvenil, se señaló que ha disminuido, pero aún se observa su participación laboral a partir de los 15 años de edad.
Las causas principales identificadas sobre el trabajo de menores de edad son la necesidad económica y factores culturales, ya que algunos jóvenes de 15 y 16 años ya son padres de familia, lo que los obliga a integrarse al mercado laboral, situación no es ampliamente conocida.
Otro tema relevante fue el de salud y prestaciones sociales donde el gobierno quedó a deber por los rezagos registrados, ya que algunas empresas sí han implementado apoyos en coordinación con instancias gubernamentales, entre ellas la afiliación a los servicios institucionales, seguros, uniformes, becas y útiles escolares.
Estas acciones, dijo, se concentran más en empresas medianas y grandes que en las pequeñas.
En cuanto al contexto migratorio del municipio, caracterizado por ser receptor de población migrante, proveniente sobre todo del sur del país, también ya hay de estados del norte e incluso de otros países, lo que incrementa la presión sobre el empleo, la vivienda y los servicios.
Es importante considerar zonas del sur del municipio, como El Rosario, donde se concentran pequeños negocios y ejidatarios que operan a pequeña escala, principalmente bajo esquemas de renta de tierras.
La reunión fue valorada como altamente productiva, generó interés y apertura de los participantes y se acordó mantener una línea directa de comunicación para dar seguimiento y continuar el trabajo conjunto.
San Quintín es uno de los mil 345 municipios declarados como Zonas de Atención Prioritaria Rurales del país por sus niveles de pobreza y rezago social
Cuestionada en su conferencia mañanera por la situación de los jornaleros agrícolas de San Quintín y la visita de Claudia Sheinbaum a Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda confirmó la presencia de la presidenta de México en fecha por definir.
“Tenemos una fecha tentativa muy próxima, no les puedo todavía confirmar porque es tentativa”, dijo al tiempo de precisar que ha participado en mesas de seguridad en las entidades federativas y ahí mismo realiza su conferencia mañanera o “a lo mejor viene en otros términos”.
La morenista eludió el tema del Plan Integral para el Valle de San Quintín al referirse a cuestiones de seguridad ciudadana.
Fuentes gubernamentales advirtieron sobre una reunión en Palacio Nacional de integrantes del gabinete de Sheinbaum Pardo para consolidar el Plan Integral de San Quintín.
El objetivo fue avanzar en el bienestar, la justicia social y laboral para los jornaleros agrícolas de la región sur de Baja California, señaló la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández.
En la reunión participaron los secretarios Mario Delgado, de Educación; Julio Berdegué, de Agricultura; Ariadna Montiel, de Bienestar; Edna Vega, de Sedatu; Marath Bolaños, de Trabajo; y el director general del IMSS, Zoé Robledo.
En agosto de 2025, Citlalli Hernández estuvo en San Quintín para participar en el Encuentro por los Derechos de las Mujeres Jornaleras, donde advirtió que las desigualdades e injusticias cruzan por territorios y poblaciones abandonados, ignorados, las cuales se agudizan al tratarse de mujeres. Prometió que las propuestas de las jornaleras planteadas en el encuentro se entregarían a Claudia Sheinbaum.
Esta semana trascendió que una comitiva intersecretarial del Gobierno de México estará el viernes 23 de enero en San Quintín para hacer consultas directas de la problemática laboral y de seguridad de jornaleros.
Uno de los asuntos principales del pliego petitorio del movimiento jornalero de 2015 fue que cesara el acoso sexual y laboral de las jornaleras indígenas por mayordomos de ranchos de San Quintín, además de la instalación de guarderías para hijos de trabajadoras y reconocimiento de capacidad de gravidez.
La Alianza de Organizaciones Democráticas exigió salarios dignos, seguridad social, jornadas de ocho horas y pago de utilidades, horas extras, días festivos, y prima vacacional.
El censo de jornaleros afiliados al IMSS se hizo en 2015 y se mantiene desactualizado, ya que los patrones omiten la aplicación de seguridad social.
Una manifestación de residentes de San Quintín, ajena al movimiento jornalero, se registra desde esta semana y escaló al cierre de la carretera Transpeninsular para exigir la dimisión de la alcaldesa morenista, Miriam Cano.
Este bloqueo provocó quejas de las empresas agrícolas al asegurar que producto perecedero se les echó a perder en tractocamiones ante el impedimento para su traslado hacia el mercado de Estados Unidos.
