SITT: Mil 500 millones de pesos gatados en un “elefante blanco”

Tijuana, 30 de enero.- El Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), que ha costado cerca de mil 500 millones de pesos al erario municipal y federal, es actualmente una serie de instalaciones -estaciones, camiones, puentes peatonales – abandonadas, vandalizadas o sub utilizadas, pero también un enjambre legal de litigios que no permiten matar al “elefante blanco” o hacerlo funcionar. Y que sigue requiriendo anualmente 16 millones de pesos para languidecer.

Concebido hace ya más de 10 años para resolver el problema de transporte urbano de esta ciudad -considerado uno de los peores y más caros del país-, el SITT ha sobrevivido a administraciones priistas, panistas y morenistas como un problema sin solución a la vista.

“Si evaluamos el proyecto desde el resultado su estado actual, hasta ahora ha sido un proyecto fallido”, definió Montserrat Caballero al responder un cuestionario sobre el tema. “Las administraciones anteriores a la mía fueron omisas y se desentendieron del proyecto SITT… dejando literalmente que lo desmantelaran”.

En el Paseo de los Héroes se puede ver el “carril confinado” -que en una época significó una multa de 15 mil pesos usarlo-; mientras en la llamada Vía Rápida y algunas avenidas las 46 estaciones vandalizadas o abandonadas; un par de puentes peatonales – de 8- que llegaron a costar cada uno 20 millones de pesos -según las cuentas públicas-, todo, sin uso.

Pero las pérdidas económicas no son todo. El paralizado proyecto obligó a las ultimas 4 alcaldías a administrar conflictos jurídicos, derivados de juicios presentados contra el Ayuntamiento por las concesionarias que se suponía prestarían el servicio de transporte.

En 2015 se formó la «empresa de empresas» SITT, SA de CV-, formada por los concesionarios que estaban dispuestos a sumarse al proyecto y alimentar la macro ruta, comprar camiones…etc y otra que se encargaría del cobro electrónico -recaudo-, Soproes, cuyo socio mayoritario fue el sonorense Armando López Ferreiro, padre del ex diputado y ex dirigente del PRI estatal en esa época, Chris López Alvarado.

Cuando el Partido Acción Nacional (PAN) ganó la alcaldía en 2016 decidió que no le interesaba el SITT SA de CV y -según informaron a La Jornada BC varios concesionarios de rutas- les impuso condiciones que hicieron imposible mantener el proyecto: el 6 por ciento de los ingresos netos de los autobuses -el sistema arrancó con 10, con capacidad para 110 pasajeros- debía ser para el municipio.

Las empresas argumentaron daño pecuniario e incumplimiento de contrato -en agosto de 2019, durante el gobierno del panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro (fallecido en 2025), el SITT se declaró en quiebra por falta de pasajeros. Se había contemplado que tuviera 303 autobuses de 12 metros de largo y 258 minibuses que alimentaran la ruta troncal, pero ya operaba al mínimo y sin haber movido nunca los 100 mil pasajeros diarios que se proyectaron.

SITT SA de CV y Soproes tienen demandado al ayuntamiento; argumentan dinero perdido por el equipo adquirido -vehículos, alcancías, tarjetas, software-, recursos que todavía deben a las financieras, por 2 mil millones de pesos, cifra que el actual secretario general del municipio, Arnulfo Guerrero León, calificó de «aberrante» en octubre pasado.

Actualmente solo dos camiones hacen el recorrido entre la Estación Insurgentes hasta el centro de la ciudad y de regreso al punto de salida. Los 30 autobuses que se adquirieron por alrededor de 5 millones de pesos cada uno, están en los patios, deteriorados; algunos incluso se habrán usado para refacciones para los que sí sirven. No pueden venderse porque se hicieron especiales para el proyecto fallido, a la medida de las estaciones.

Quien fuera el primer director del SITT en 2015 y actualmente ocupa la dirección de gobierno municipal, José Alonso López Sepúlveda, dice que ha faltado «voluntad» para echar a andar el proyecto; que se tiene todo para reactivarlo, desde la disposición de los transportistas hasta la infraestructura, -aunque actualmente esté deteriorada por el abandono,- hasta la necesidad de contar con ese sistema para mejorar la movilidad de la población.

Del «apenitas» y lanzarlo a marchas forzadas al rechazo

El priista Jorge Astiazarán Orcí -el último de ese partido en la reciente década (2013-2016)- logró el respaldo de asesores de clase mundial en materia de BRT (Autobús de Tránsito Rápido) y «apenitas» lo puso en marcha cuando faltaban 15 días para concluir su gestión. Sí, pero incompleto; con 10 autobuses en la ruta troncal y tres alimentadoras -que llevarían pasajeros de otros puntos de la ciudad para su trasbordo en los camiones principales con un mismo costo-, en lugar de las 30 que se habían proyectado.

Con un presupuesto inicial de mil 200 millones de pesos, aportados por: Ayuntamiento, 349 millones; Banobras (a través del Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin) 509 millones a «fondo perdido», y el resto financiado por el Banco Mundial, el político priista defendió el proyecto que otros alcaldes panistas y tricolores -desde la última década del siglo pasado-, habían intentado sin lograrlo. Astiazarán consiguió que Enrique Peña le firmara el proyecto como uno de sus compromisos de campaña.

Distintas administraciones anteriores habían intentado un transporte público pensado para una ciudad que empezaba a dar muestras de un crecimiento exponencial. El panista Jesús González Reyes (2001-2004) -en cuya administración se creó la paramunicipal SITT- mandó construir paraderos y colocar boyas para un carril confinado en el bulevar Agua Caliente, pero su sucesor, el priista Jorge Hank Rhon, ordenó quitarlas porque comerciantes de la zona ganaron un amparo . El SITT tapaba el acceso a sus negocios.

Sobre esa ruta, López Sepulveda que se contempló en la primera etapa del proyecto, pero tuvo que desecharse por la complejidad de tránsito en ese bulevar y se encontró que la mejor opción era Paseo de los Héroes. Además de la terminal principal en el bulevar Insurgentes y el final de la ruta en la avenida Revolución, hay 46 estaciones que corren por las vías rápidas Oriente y Poniente y calles de la ciudad.

«El Patas» dijo por encima «sí», y luego fue «no»

Astiazarán dejó contratos firmados con transportistas que darían el servicio a las rutas alimentadoras -firmaron 11 de las 14 empresas que operaban en la ciudad-, pero el plan «no caminó porque no hubo acuerdos políticos con los transportistas», apuntó quien conoce toda la historia del SITT. “Juan Manuel Gastélum Buenrostro -el famoso»Patas»-, inicialmente «dijo por encima ‘sí’ y luego fue ‘no'».

«Empezó así de repente, primero ‘no’, luego dijo, ‘okay, vamos viéndolo’ porque hubo presión del gobierno federal… después ‘no’, no hubo seguimiento del tema por parte de él, no era un proyecto prioritario… no hubo acuerdo, no hubo voluntad política de darle vida a esos contratos que se habían firmado. Faltó esa voluntad en ese momento, de parte de la administración”.

El panista, señalaron transportistas consultados, argumentaba que era un «negocio privado con recursos públicos» y cambió algunas partes del contrato para obligar a los transportistas a entregar al Ayuntamiento un porcentaje de la venta de boletos, además de que se negó a avalar la compra de camiones articulados. En su administración se terminó de construir la infraestructura del sistema y pidió a Banobras un certificado de cumplimiento. Para no tener que devolver el préstamo.

Luego llegó el morenista Arturo González Cruz (2019-2021), quien concesiono a una empresa privada la fibra óptica instalado originalmente para que el sistema pudiera contar con internet y comunicarse entre sí. Montserrat Caballero Ramírez (2021-2024), a quien tampoco le interesó el proyecto, «tanto así que quitó el carril confinado jurídicamente, para que no se pudiera multar; ese fue un retroceso», aseguró el funcionario.

El argumento planteado por la entonces alcaldesa fue que era insostenible mantener un carril confinado que no se usaba mientras las vialidades de la ciudad estaban saturadas.

«Pero no estaba para que fuera solo (el carril confinado), estaba para que circularan camiones cada dos minutos» y cumplieran la función de un sistema que no solo incluye unidades de transporte, sino infraestructura para mejorar la movilidad. «Aquí el tema era decir ‘o lo echo andar y hago como municipio que funcione’, y la salida fácil fue , ‘pues quito el carril’… eso fue una señal clara de ‘no quiero echarlo a andar’. Entonces, pues esos tres años también quedaron cortos; no hubo avance».

Caballero Ramírez, quien calificaba el proyecto de «elefante blanco», decidió permitir que la empresa de transporte binacional Mexicoach utilizara la estación de la garita de San Ysidro y otra del centro de la ciudad, lo que valió una demanda por parte de SITT SA de CV por más de 500 millones de pesos.

Un conflicto administrado

El actual alcalde, Ismael Burgueño Ruiz, ha dicho que quiere terminar con el conflicto jurídico antes de que concluya su administración. De hacerlo podría transferir el SITT a la administración estatal y concretar el convenio firmado por el Gobierno del Estado con el Ayuntamiento en 2023.

El transporte dejó de ser un tema municipal para pasar a manos del gobierno del estado en la actual administración pero éste – confiaron funcionarios a La Jornada BC- no quiere recibir el SITT con las demandas pendientes porque eventualmente se deberá llegar a un acuerdo con las empresas y pagar una indemnización.

Algunas demandas fueron presentadas ante el Juzgado Cuarto del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, una bajo el número de expediente 237/2023JC (la presentó SITT SA de CV el 8 de septiembre de 2023) y otra con el 115/2023JC.

El litigio ha sido intenso. En febrero de 2025 la actual síndica procuradora Teresita Balderas Beltrán solicitó ante el TEJA la nulidad de un fallo a favor de Soproes dictado por su sucesor, el ex síndico Rafael Leyva Pérez por 372 millones de pesos, dado que el ex funcionario no contaba con elementos para fallar a favor de la empresa.