Sistema Anticorrupción de BC rechaza llamado a Marina del Pilar para dejar el cargo
Tijuana, 24 de enero.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (CPC SEA-BC) rechazó el exhorto público que hizo la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, para que la gobernadora Marina del Pilar Ávila se separe temporalmente del cargo.
En un documento fechado el 23 de enero, el organismo local calificó el llamado como un acto «ultra vires» —fuera de la ley— que rebasa las atribuciones legales de los Comités de Participación Ciudadana, tanto el nacional como los estatales.
Un día antes, Pérez Morales hizo un llamado público a la gobernadora de Baja California para que solicite licencia, en el contexto de una investigación que —según declaraciones públicas de la propia mandataria— involucra a su entorno familiar.
«Hago un llamado a la Gobernadora @MarinadelPilar para que, por razones de integridad pública, congruencia democrática y responsabilidad institucional, separe su función del ejercicio del cargo (licencia o renuncia), a fin de garantizar condiciones de máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana ante la situación que hoy preocupa a la sociedad», escribió en la red social X.
El pronunciamiento fue respaldado por la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana y diversas organizaciones de la sociedad civil, que señalaron que la medida no constituye «una condena ni una afirmación de responsabilidad», sino una medida prudencial para proteger el interés público.
En su respuesta, el Comité precisó que los Comités de Participación Ciudadana carecen de facultades para emitir exhortos dirigidos a la separación del cargo de la titular del Poder Ejecutivo estatal.
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«En términos del artículo 15 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) y artículo 15 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (LSEA-BC), el CPC SEA-BC tiene por objetivo coadyuvar al cumplimiento de los fines del Comité Coordinador y servir como instancia de vinculación social», señaló el documento.
«En consecuencia, el CPC SEA-BC adolece de facultades para emitir exhortos y/o declaraciones públicas institucionales dirigidos a la separación del cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. Emitir un requerimiento de esa naturaleza rebasa el marco de atribuciones legales de los CPCs, tanto el Nacional como los locales, y constituye un acto ultra vires, contrario al principio de legalidad», agregó.
El organismo local subrayó que la rendición de cuentas debe fortalecerse «mediante instituciones, procedimientos y evidencias, no mediante presiones extrainstitucionales que vulneren el Estado de derecho».
En su lugar, propuso privilegiar rutas institucionales como:
- Requerir claridad sobre medidas de integridad, control interno y colaboración interinstitucional.
- Fortalecer la prevención de riesgos de corrupción.
- Solicitar información pública.
- Conducir el debate público con enfoque de derechos humanos y prevención de violencia política contra las mujeres.
El Comité también llamó a preservar «un debate democrático libre de estereotipos y de violencia política contra las mujeres en razón de género», salvaguardando los principios de igualdad y no discriminación.
Finalmente, solicitó a la presidenta y a los integrantes de los comités locales que participaron en el exhorto considerar que «cualquier pronunciamiento institucional de los CPCs debe ajustarse al marco de atribuciones previsto en la LGSNA y en las leyes estatales, evitando llamados a la separación de cargos que excedan competencia».
El documento reitera la disposición del organismo bajacaliforniano «para el fortalecimiento del Sistema Nacional y de los Sistemas Estatales Anticorrupción».
