SCJN da revés a «ley Bonilla»; revierte desaparición de Consejo de la Judicatura
Tijuana, 29 de mayo. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la desaparición del Consejo de la Judicatura de Baja California -impulsada por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez- es histórica y garantizará una buena integración y vigilancia del Poder Judicial del Estado, consideró el presidente del grupo Unidos por Tijuana, Miguel Ángel Serratos García.
Se refirió al fallo que dio el martes el máximo tribunal del país por votación unánime de magistrados, quienes resolvieron la controversia constitucional que presentó el Poder Judicial de Baja California contra la reforma promovida por Bonilla Valdez en 2020, quien con apoyo del Congreso local reformó la Constitución del Estado para desaparecer ese órgano, bajo el argumento de que se había convertido en un aparato burocrático costoso y una «agencia de colocaciones de panistas».
Además argumentaba que dejarían de gastarse 50 millones de pesos que se destinaban anualmente al Consejo de la Judicatura.
Serratos García consideró que la resolución a la controversia constitucional 187/2020 garantiza la independencia del Poder Judicial del Estado, pues con la reforma -derivada del Dictamen 49 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local- planteaba que la designación de magistraturas quedaba en manos del gobierno estatal que propondría una terna al Poder Legislativo.
En noviembre de 2020 el Poder Judicial presentó la controversia constitucional y en diciembre siguiente la SCJN otorgó una suspensión al acto impugnado, con lo que la designación se mantuvo como había funcionado.
Incluso, dijo Serratos García, actualmente Baja California está en vías de elegir un nuevo magistrado bajo el esquema antiguo.
Con la decisión de la SCJN se vuelve a lo que había antes, «que haya un Consejo de la Judicatura que vigile al poder Judicial, que es correcto que exista, y que la designación de magistrados sea como hoy ha funcionado, con un proceso de selección, con una serie de cinco exámenes, para que quienes los aprueben lleguen al Congreso del estado», señaló.
