Proponen endurecer penas por abuso sexual y eliminar requisito de querella en BC
Tijuana, 13 de enero.- Una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California armonizará los delitos sexuales con el modelo nacional, colocando el consentimiento como eje central y fortaleciendo la protección de niñas, adolescentes y mujeres.
La propuesta, impulsada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, plantea modificar y adicionar diversos artículos del Código Penal estatal para actualizar la definición del delito de abuso sexual, ampliar sus supuestos y aumentar las sanciones, en congruencia con estándares constitucionales, tratados internacionales y recomendaciones de organismos en materia de derechos humanos y perspectiva de género.
Entre los principales cambios se propone establecer una definición clara de consentimiento, precisando que este no puede presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física, ni cuando exista violencia, intimidación, engaño, abuso de poder, autoridad o situaciones de vulnerabilidad.
Asimismo, se amplía el concepto de acto sexual para incluir conductas sin contacto físico directo, como la exhibición forzada o la obligación de observar actos de naturaleza sexual.
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La iniciativa propone incrementar las penas de prisión y las multas por abuso sexual, así como incorporar medidas reeducativas obligatorias para las personas sentenciadas, con el fin de prevenir la reincidencia y promover un cambio cultural basado en la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Se fortalecen las circunstancias agravantes del delito cuando exista una relación de confianza, parentesco, autoridad, dependencia económica o cuando el abuso sea cometido por servidores públicos, ministros de culto, profesionistas, o se utilicen sustancias para anular la voluntad de la víctima.
Un aspecto relevante de la propuesta es que el delito de abuso sexual sea perseguido de oficio, eliminando la necesidad de querella por parte de la víctima, así como el reconocimiento expreso de la reparación integral del daño, que incluirá atención psicológica especializada hasta la total recuperación de la persona afectada.
