Productores del Valle de Mexicali ya no podrán vender agua a municipios en 2026: Sheinbaum
Tijuana, 9 de octubre.– La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró de manera enfática que las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales impedirán la venta privada de agua en 2026, ante pregunta expresa de La Jornada Baja California sobre la situación del Distrito de Riego 014 del Valle de Mexicali.
«Si no pagas, no vendes»
Al ser cuestionada sobre la preocupación de algunos productores que ven el cambio como una posible centralización corrupta del negocio del agua, la mandataria argumentó con un principio claro: la injusticia de vender un recurso por el que no se pagaron derechos.
«Lo que nos parece injusto es que si estás recibiendo agua de la nación y no pagas derechos, tú la vendas para beneficio de algunos. Eso es lo que desde nuestra perspectiva no está bien», afirmó.
Y sentenció: «Si no usas esa agua que tienes concesionada para riego, pues regrésala al Banco de Aguas Nacionales y de manera transparente se concede al municipio que la va a consumir y que pague los derechos que corresponden».
La intervención de la mandataria se dio luego de que la corresponsal de La Jornada Baja California contextualizara el problema específico de la región. Explicó que el Valle de Mexicali es el único distrito del país que no firmó el Plan Hídrico Nacional y que existe un «banco de agua» con respaldo jurídico que controla el recurso. Este mecanismo, señaló, es el que permite que municipios de la costa como Tijuana, Rosarito y Tecate, una vez que agotan su asignación anual del Río Colorado –lo que ocurre comúnmente durante octubre–, tengan que comprar agua directamente a los productores de este distrito de riego.
Frente a este modelo, la Presidenta declaró que a partir del cambio a la ley ya no se van a poder transmitir estos derechos. Ya no va a poder haber esta venta. La propuesta del Ejecutivo federal establece que el agua concesionada que no sea utilizada para riego «tiene que regresarse a la Conagua o al Banco de Agua Nacional», y no podrá «comercializarse directamente».
La postura presidencial ha dejado claro que el objetivo de la reforma es eliminar la figura del intermediario –el productor que vende el agua sobrante– y transferir la gestión de ese recurso no utilizado directamente a la Conagua, en un esquema que, promete, será vigilado mediante una base de datos única y transparente para evitar la corrupción que ha marcado al sector en el pasado.
