¿Por qué no le han pagado a los maestros interinos? Gobierno de BC explica
Tijuana, 4 de marzo.- Tijuana, 4 de marzo.- El gobierno de Baja California enfrenta cuestionamientos por el retraso en el pago a maestros interinos, justo mientras realiza la organización de un concierto masivo en la entidad. La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda salió al paso de las críticas y explicó las razones detrás de los adeudos que mantienen en incertidumbre a cientos de docentes que cubren plazas temporales.
De acuerdo con la mandataria, el problema no es de falta de dinero, sino de tiempos administrativos. Los maestros interinos —aquellos que entran a laborar por incapacidades, permisos o licencias de otros docentes— pertenecen al sistema federalizado, lo que significa que su salario debe ser cubierto con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone), es decir, dinero federal. Sin embargo, para que la Federación libere esos pagos las escuelas tienen la obligación de enviar la documentación comprobatoria a la Secretaría de Educación estatal en un plazo de 45 días.
El problema, según explicó la gobernadora, es que esa documentación no llegó a tiempo. «No recibimos los papeles cuando debíamos», admitió.
Ante esa omisión, el gobierno estatal no pudo turnar los expedientes a la Federación y, cuando finalmente los recibió, la Secretaría de Hacienda local se encontró con un gasto imprevisto de 50 millones de pesos correspondientes a estas nóminas extraordinarias.
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La situación se ha agravado porque, según reveló la propia mandataria, en lo que va del año el estado ha tenido que pagar de su bolsa 360 millones de pesos en nóminas del sistema federalizado que no le correspondían, derivado de estos desfases administrativos.
«Eso nos generó tres problemas: el social, porque no queremos que ningún maestro deje de cobrar; el político, por la presión que esto conlleva; y el económico, porque no era un gasto previsto», explicó.
Ante el señalamiento de que haya recursos para un concierto pero no para salarios, la gobernadora defendió que el evento forma parte de una estrategia nacional de construcción de paz y no compite con los fondos destinados a educación. Aseguró que ya se alcanzaron acuerdos con los sindicatos para establecer fechas de pago y que se implementaron candados administrativos para que la entrega tardía de documentos no vuelva a ocurrir.
