Por “proceso legislativo viciado” se solicitó invalidez de la municipalización del agua
Tijuana, 3 de agosto.-La acción de inconstitucionalidad promovida por 10 diputados en contra de la Ley Reglamentaria del Servicio de Agua Potable de Baja California se centra en la actividad legislativa que resultó en el Decreto 289 y donde no se respetó la debida participación de los cinco Ayuntamientos, a pesar de incluyó la modificación de 12 artículos y la creación de tres nuevos que competían a los Cabildos directamente.
Así puede leerse en el documento enviado por correo a la Suprema Corte de Justicia, en la Ciudad de México, el pasado 31 de julio, el último día de la XXIII Legislatura (2019-2021). “El Decreto 289 (…) resulta violatorio de los principios de debido proceso y de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
“Así como del contenido de los artículos 30, Fracción II y 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como 18, Fracción VII, 119, 120 y 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California”, puede leerse en el apartado de “conceptos de la invalidez”.
Los diez diputados en contra
Igualmente, los diez diputados encabezados por la recién nombrada coordinadora de Morena, Rosina del Villar, en sustitución de María Luisa Villalobos, explicaron que “el proceso legislativo del cual emanó se encuentra viciado”, pues el Congreso fue omiso en llamar a los Ayuntamientos con “por lo menos cinco días de anticipación” a la sesión en que fue votado el dictamen.
No obstante que la reforma refería a “asuntos de índole municipal”, la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos a cargo en ese momento de Elí Topete Robes no avisó “cuando menos con cinco días de anticipación” la fecha de la sesión cuando se discutiría el proyecto “a fin de que pueda enviar un representante que, sin voto, tome parte en los trabajos.
Fechas y entregas
“También omitió entregar el dictamen correspondiente a los diputados integrantes de la Legislatura cuando menos con tres días de anticipación a las sesiones de comisión y del pleno, para que estuvieran en oportunidad de conocerlo y votarlo adecuadamente, ello sin someterse a votación la dispensa de dicho trámite, ni justificarse la urgencia de su votación”, continúa el oficio enviado al máximo tribunal.
Finalmente, los legisladores que promovieron la acción de inconstitucionalidad aseguraron que con la aprobación en el Congreso de la municipalización del agua “nos encontramos ante una omisión de dar participación” a los municipios, «lo que genera un vicio formal de validez en la norma y por lo que esta no puede surtir efectos y debería ser declarada inválida en términos generales”.
