Piden garantizar cuota laboral en gobiernos de BC para personas con discapacidad

Ensenada, 20 de mayo. Una iniciativa de ley para garantizar la inclusión laboral de personas con discapacidad dentro del sector público será presentada ante el Congreso de Baja California por un grupo de activistas encabezado por la profesora en retiro, Raquel Manríquez Peña.

La promovente de la iniciativa es maestra jubilada con una discapacidad motriz, además de regidora del actual ayuntamiento de Ensenada, pero indicó que busca impulsar la propuesta de manera independiente.

La intención, explicó, es que los gobiernos estatales y municipales de Baja California tengan una cuota mínima de contratación dentro del sector público de por lo menos el 5 por ciento de la plantilla de trabajadores.

Manriquez recordó cómo ella logró desarrollarse profesionalmente dentro del magisterio, pero cuando intentó ayudar a otras personas en la misma situación a encontrar trabajo se encontró con múltiples prejuicios.

“Lo primero que ven es el físico y cuando notan alguna discapacidad es cuando se da la discriminación”, expresó.
Indicó que la intención es que la inclusión laboral no dependa únicamente de políticas temporales de cada administración, sino que quede establecida en la ley.

“Necesitamos que haya una ley para que no quede nada más en el texto de un gobierno que termina y luego otro gobierno”, señaló.

La maestra jubilada afirmó que existen casos de personas que nunca han logrado ser contratadas debido a su condición física, situación que se agrava para quienes tienen más de 50 años de edad.

“Hay historias desgarradoras de personas que nunca han sido contratadas precisamente por la situación de discapacidad y que pudieron haber conseguido algún trabajo”, comentó.

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Actualmente, los promoventes esperan ser llamados por la presidenta del Congreso del Estado, Michelle Sánchez Allende, quien ya conoce la propuesta y, dijeron, ha mostrado interés hacia otras iniciativas relacionadas con derechos humanos.

Manríquez compartió que nació con una discapacidad motriz unilateral en los pies, lo que le provocó problemas de equilibrio y dificultades para caminar desde pequeña.

“Aunque pude trabajar muchos años dando clases de pie, en 2015 nuevamente tuve problemas de movilidad y equilibrio”, relató.
Puso como ejemplo que una persona con sordera puede desempeñarse en una escuela de educación especial o realizar labores administrativas en un juzgado si cuenta con preparación profesional.

Pensando en nuevas generaciones 

El caso de Fernando López, otro de los impulsores de la propuesta, es uno de los más reconocidos en la agrupación ciudadana, ya que nunca consiguió un empleo en Ensenada debido a su condición de movilidad.

Aunque asegura que él nunca gozará de los beneficios que puede atraer esta ley debido a su edad, dijo estar dispuesto a trabajar para que se apruebe y así las nuevas generaciones tendrán mejores oportunidades laborales.

Explicó que desde joven notó lo complicado que era conseguir un empleo debido a las limitaciones físicas en sus piernas, a pesar de tener interés y capacidad  .

“Siempre me gustó la cocina y mi trabajo ideal podría ser en un restaurante, pero nunca me dieron la oportunidad”, lamentó mientras trabaja en la construcción de su propia casa.

Además de laborar edificando su patrimonio, es emprendedor y vende comida rápida como burritos y tortas, mismas que cocina en su casa.

Consideró que algunas empresas únicamente simulan políticas de inclusión, mientras que solo ciertas cadenas de autoservicio aplican verdaderos programas de contratación para personas con discapacidad. Es fiel creyente de que el gobierno o empresas deben dar una oportunidad a este sector porque pueden ser igual o más eficientes que cualquier otro empleado.

“No es lo mismo nacer con una discapacidad, y ser siempre excluido, a desarrollarla con el paso del tiempo”, expresó.

Hizo un llamado a los gobiernos y empresas a generar conciencia sobre la necesidad de crear espacios laborales incluyentes para que todos puedan tener la vida digna que se merecen.