Piden a síndicas de Tijuana y Ensenada presentar controversias por agua
Tijuana, 4 de agosto.- Regidores de Tijuana y Ensenada exhortaron a sus síndicas procuradoras a presentar una controversia constitucional por sus respectivos municipios contra la transferencia del manejo de agua a los ayuntamientos.
De aceptarlo, se sumarían a las acciones que este miércoles emprendieron los síndicos de Mexicali, Rosarito y Tecate ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento de que al aprobar el traspaso por el Congreso anterior se omitió el proceso legislativo.
«Se solicita se interponga, en principio, la suspensión del acto emitido por el Congreso del Estado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide el contenido del decreto No. 289 por violaciones al proceso legislativo y, en su caso, se dejen sin efectos los actos derivados de la reforma», se lee en el oficio firmado por 12 regidores de Tijuana, con fecha del 3 de agosto, dirigido a la alcaldesa Karla Ruiz Macfarland.
Usando el mismo formato, en Ensenada el documento aparece con nueve de doce firmas entre las que se incluyen a Carmen Salazar, Adolfo Muñoz, Yolanda Navarro, Carmen Jiménez, Diego, Lara, Marisol Sánchez, Brenda Valenzuela y Alejandra Camargo. En este caso sólo se dirige el oficio a Elizabeth Muñoz, pero no al alcalde Armando Ayala Robles.
Mexicali, Tecate y Rosarito ya acudieron ante la SCJN
A través de tres documentos distintos, las sindicaturas de los Ayuntamientos de Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito, presentaron sus respectivas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México, en contra de la municipalización de los organismos operadores de agua.
Como puede leerse en los documentos, fueron los síndicos procuradores de Mexicali, Tecate y Ensenad (Héctor Ceseña, Gonzalo Higuera y José Zazueta, respectivamente), quienes firmaron este recurso que se presentó en México contra la iniciativa del gobierno de Jaime Bonilla, y aprobada por la Legislatura pasada.
Los síndicos demandan al Congreso de Baja California por “omitir el proceso legislativo” en la sesión del miércoles 28 de julio, bajo el argumento de que se violó la normatividad vigente al no notificar a los ayuntamientos con por lo menos cinco días de anticipación.
Se trata de diversos artículos de la Ley que Reglamenta los Servicios de Agua Potable de Baja California, y de la Ley de la Administración Pública del Estado de Baja California.
Protegen el erario municipal
También los miembros de los tres Cabildos justificaron la controversia por su responsabilidad de proteger al erario municipal. Pues, aunque no están en contra de la municipalización, argumentaron que al no ser tomados en cuenta para discutir los términos y hacer un análisis adecuado se convierte en un problema para la administración municipal.
Ejemplo de ello son los transitorios del decreto, donde se determina la transferencia de la deuda a los Ayuntamientos. Por lo que exigieron que se revierta la aprobación fast track del Congreso del estado. (con información de Jesús Pérez Gaona)
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