Pide diputado aumentar sanciones a la extorsión digital
Mexicali, 28 de enero. La extorsión representa uno de los delitos que mayor impacto generan en la sociedad, argumentó el diputado local Fidel Mogollón Pérez al proponer una reforma al Código Penal del Estado para «precisar y robustecer la regulación de este delito cuando se realiza a través de medios electrónicos y tecnológicos».
Detalló que la extorsión telefónica, sextorsión, suplantación de identidad digital, amenazas mediante redes sociales, uso indebido de datos personales y secuestros virtuales, se encuentran entre las modalidades que han cobrado mayor relevancia y son prácticas que provocan afectaciones patrimoniales, psicológicas y emocionales de especial gravedad.
Según un comunicado de prensa del Congreso del Estado, el legislador planteó que «adecuar el derecho penal a la realidad tecnológica actual es indispensable para cerrar espacios de impunidad y dotar a las instituciones de herramientas claras y eficaces que permitan enfrentar uno de los fenómenos delictivos de mayor crecimiento en la actualidad».
En 2025 el Congreso estatal aprobó una reforma integral en materia de extorsión, la cual fortaleció el tipo penal y armonizó la legislación local con el marco jurídico nacional, sin embargo, pero la migración de este delito hacia plataformas digitales ha generado nuevas formas de victimización que requieren un tratamiento normativo más preciso, destacó el legislador.
Mogollón Pérez advirtió que si bien el Código Penal vigente contempla el uso de medios electrónicos como una circunstancia agravante, dicha previsión resulta general, ya que no desarrolla de manera expresa las características propias de la extorsión cometida en entornos digitales ni sus particularidades frente a las modalidades tradicionales.
La iniciativa plantea definir de forma expresa cuándo la extorsión se considera cometida mediante medios digitales y adicionar supuestos agravantes específicos, como el uso de datos personales o contenidos íntimos, la suplantación de identidad, la reiteración sistemática de la conducta y la afectación directa a actividades comerciales o productivas, indicó el comunicado.
El legislador precisó que la propuesta no crea un nuevo delito ni modifica la pena base, sino que reforma el artículo 224 BIS del Código Penal estatal, con el fin de brindar mayor certeza jurídica, facilitar la investigación del delito y reforzar la protección de las víctimas, sin generar impacto presupuestal ni invadir competencias federales.
