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Baja California

Paga condado de San Diego 1.3 mdd de indemnización a familia de mexicano asesinado

Por: Mireya Cuéllar

San Diego, 23 de septiembre.- Aunque la Fiscalía del estado de California desestimó judicialmente el caso de Marco Antonio Nápoles Rosales, un mexicano que murió a manos de oficiales del departamento del Sheriff -según los videos del momento de su detención-, el condado de San Diego llegó a un acuerdo con la familia del estudiante y trabajador originario de Guaymas, muerto el 17 de agosto de 2018, y pagará un millón 350 mil dólares de indemnización a su madre.

El consulado de México en San Diego se enteró de la muerte de Nápoles Rosales -quien tenía 29 años y estaba intentando regularizar su estancia- cuando su mamá se acercó a la representación para pedir que le ayudaran con la repatriación del cuerpo de su hijo, narró hoy el cónsul Carlos González Gutiérrez.

Momento en el cual Marco Antonio Nápoles Rosales fue sometido por oficiales estadounidenses. Foto captura de pantalla

Al mexicano se le descompuso su vehículo en las inmediaciones de una gasolinera y se acercó a una tienda de conveniencia mientras conseguía ayuda. Ahí empezó un interrogatorio de los policías del condado que terminó con el joven esposado y tirado en el suelo, mientras varios oficiales lo golpeaban y uno le mantenía la cabeza contra el piso. Cuando llegaron los servicios de emergencia – él pedía ayuda- Marco Antonio había muerto.

“Fue una tragedia, esas imágenes las mostramos en 2019 (señaló al cónsul al presentar el video) para hacer saber a la comunidad lo que sucedió, que el gobierno de México reprueba el uso excesivo de la fuerza en cualquier circunstancia; Nápoles era un muchacho mexicano que no tenía antecedentes criminales ni portaba armas cuando murió, era un peluquero con un sueño americano”.

Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería; Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego; Jesús Eduardo Arías, abogado que llevó el caso de Marco Antonio Nápoles Rosales por el gobierno de México, (izq a der). Foto La Jornada Baja California

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El Consulado ofreció hoy una conferencia de prensa para hacer público el acuerdo económico logrado entre la familia de Marco Antonio y el Condado de San Diego en un caso que se dirimió por la vía civil, después de que las autoridades lo desestimaron como un asunto judicial, es decir los elementos policiacos involucrados no fueron juzgados.

Vanesa Calvo, directora general de protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería, estuvo en la conferencia para expresar la preocupación del gobierno mexicano con el uso excesivo de la fuerza en cualquier circunstancia y hacer un llamado a los mexicanos que viven en California para que se acerquen a las autoridades consulares, en el entendido de que es una prioridad usar las herramientas a su alcance para defender los derechos de los connacionales.

“No podemos decir que la familia del señor Nápoles está satisfecha con el acuerdo -parte del mismo reservado por así convenir a las partes- porque no hubo un proceso criminal, la Fiscalía hizo una investigación y concluyó que no tenía elementos suficientes para perseguir una acción criminal. Eso fue una decepción para todos porque hay imágenes de lo que ocurrió. Lo hicimos saber pero la última palabra la tiene la Fiscalía”, apuntó el abogado Jesús Arias.

El cónsul Carlos González recordó que todavía hay en las cortes de California varios casos en litigio donde hay la presunción de responsabilidad de autoridades policiacas en la muerte de ciudadanos mexicanos; entre ellos el de Anastasio Hernández, que es de 2010; José Alfredo Castro Gutiérrez, de octubre de 2020; David Villalobos, quien en octubre del 2020 murió en un incidente con la Patrulla Fronteriza; además de dos casos de connacionales que murieron en centros de detención.

Fachada del Consulado General de México. Foto Mireya Cuéllar

Cuando la prensa le señaló al Cónsul que en otros casos, como el de Rodney King -cuya muerte desató la violencia racial en Los Ángeles en 1992-, la familia logró una indemnización mucho más grandes, el funcionario señaló que el papel de las autoridades mexicanas no es pelearse con las autoridades estadounidenses, pero sí expresar con firmeza los derechos de los mexicanos.

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