Ni «donativo voluntario» ni alzas en predial y alumbrado le aceptaron a San Quintín

Mexicali, 4 de diciembre. A Miriam Cano Núñez, la presidenta municipal de San Quintín, le fue un poco mejor que al tecatense Román Cota Muñoz durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso local, pero no mucho. La diputada Julia Andrea González le hizo saber, de entrada, que los legisladores ya le habían hecho 19 observaciones a su propuesta de presupuesto de Ley de Ingresos 2025, y que seguían en el documento a consideración.

La intención de Cano de pedir a los ciudadanos un “donativo voluntario” de 20 pesos por cada trámite municipal para los bomberos podría dar pie, le dijeron los legisladores, a una controversia constitucional por doble tributación. La intención de la alcaldesa es captar 300 mil pesos para los apagafuegos el próximo año. La diputada de Morena por San Quintín -distrito XVII-, Dunnia Montserrat Murillo, le ofreció donar 100 mil pesos a esa causa, pero que retirara esa propuesta.

“No vemos viable”, ese “donativo” le dijeron; como tampoco lo es aumentar en 100 por ciento el pago del derecho al alumbrado público (DAP); tampoco el 250 por ciento de incremento al cobro de quienes tienen un predio rural o 48.5 por ciento de incremento al predial, entre otras cosas. La alcaldesa y su equipo de funcionarios hablaron de descuentos y compensaciones, pero no convencieron a los diputados.

Aparte le cuestionaron si los miembros de lo que fue el Consejo fundacional de San Quintín ya habían regresado lo que se pagaron indebidamente como aguinaldo; los montos actuales de los salarios del cuerpo edilicio y hasta que el personal que trabaja en el municipio es de Ensenada y no del pueblo.

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Querían aguarle la comparecencia

Muchos de los cuestionamientos de los diputados fueron seguidos de los aplausos y gritos de un grupo de unos 10 activistas y militantes del Partido del Trabajo (PT), que se dejaron venir hasta el Congreso para aguarle la comparecencia a su alcaldesa, y de paso, darse un entre con la diputada Yohana Hinojosa, quien se presentó como auténtica petista y desconoció a los que hicieron el viaje.

La diputada de Morena María Teresa Méndez, con la voz suave que la caracteriza, le dijo a la presidenta municipal de San Quintín: “la invito a que haga caso de las recomendaciones, a mandar los addendum… porque esta es la segunda comparecencia en la que viene el pueblo (la otra fue la de Román Cota), eso nos da un foco rojo, yo te invito también a dialogar con ellos… te lo digo como amiga y como compañera”.

En otro tono, Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, le pidió que mande los addendum -documentos para añadir a su propuesta de ley- de las observaciones que le hicieron porque si no San Quintín se quedará sin nueva Ley de Ingresos 2025 y automáticamente tendrá que aplicar la de este año.

Dunnia Montserrat Murillo intervino en dos rondas de preguntas haciendo señalamientos muy precisos y al final dejó claro que la alcaldesa no había socializado con ella la Ley de Ingresos. Otros diputados le recordaron que ella también fue legisladora y conoce la mecánica de trabajo.

No es lo mismo un territorio urbanizado…

Miriam Cano habló de cómo ya duplicaron el número de luminarias en el municipio, de la diferencia entre gobernar un territorio todo urbanizado y San Quintín -donde hay que ir por terracerías y sufrir la ponchadura de llantas-; de que ya le quitó “a la maña” el basurero municipal, por lo que necesita escolta, entre otras cosas. “Es una responsabilidad que decidieron adquirir”, le recordó alguien más.

Ella respondió que el suyo es un “gobierno de puertas abiertas” -gritería del público presente- y que considerará las observaciones legales y políticas que le hicieron los legisladores. No respondió a la pregunta concreta sobre si es cierto que en San Quintín de 40 mil claves catastrales que hay, solo los titulares de 13 mil de ellas se acercan a pagar.

Este último fue un dato que brincó en todas las comparecencias; muchos grandes empresarios y ciudadanos o pagan y después se amparan para que se les devuelva el impuesto predial o bien no pagan. Eso hace que en promedio solo 51 por ciento -dato aproximado- de quienes son propietarios de un predio paguen un impuesto por él en Baja California. Lo que coloca a los alcaldes en la dicotomía de tener un mejor departamento de cobranza o enterrar los dientes a quienes siempre pagan.

Quedó claro que los municipios del estado están endeudados, necesitan recursos y en algunos casos no le encuentran la cuadratura al círculo de la administración porque además de sus muchas deudas -con el Issstecali, por ejemplo- deben cumplir con los principios de la 4T y dar beneficios a los sectores desprotegidos. Tijuana es el mejor librado de todos, es el que más recauda (consigue cobrar al 55 por ciento de los que deberían pagar predial) y el que menos deuda tiene.