La SCJN podría invalidar las comisiones municipales del agua: expertos

Tijuana, 6 de agosto.- Expertos constitucionalistas aseguraron que la creación de comisiones municipales del agua en Rosarito y Ensenada podrían ser invalidadas si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) da entrada y resuelve a favor de la acción de inconstitucionalidad promovida por la XXIII Legislatura del Congreso del Estado.

En opinión del abogado Héctor Díaz, un acto puede ser denunciado de ilegal para que posteriormente “por una resolución efectivamente se califique como ilegal y sus efectos legales”, esto es “la vida jurídica y todos los procesos que se generaron, queden nulos tras la resolución”.

“La resolución que dictará la Corte tendrá que referirse a un tema administrativo presupuestario y al tema de un derecho humano (el derecho al acceso al agua). Si el municipio va a poder cumplir con el derecho humano. Y si ya lo están diciendo los propios ayuntamientos, obviamente no se les va a poder obligar que asuman esa obligación porque financieramente no es posible”, dijo el egresado de la UABC.

“Aparte tenemos que revisar el proceso legislativo. La integración del documento en la Comisión de Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, y el traslado del documento al parlamento para su aprobación. Esa es la primera cuestión que debemos revisar y analizar, si efectivamente así se fue, y así fue, pues obviamente hay una nulidad del acto legislativo”, agregó.

A pregunta expresa sobre la creación de organismos estatales, Héctor Díaz advirtió que el máximo tribunal del país “resolverá como nulos estos actos que se han venido dando a partir del Decreto 289” y entonces “tendrán que regresar las cosas al estado natural que guardaban antes”. 

Lo anterior también lo compartió el asesor legislativo en el Senado de la República, Rodrigo Flores, quien además advirtió que la Corte resolverá en conjunto, tanto la acción de inconstitucionalidad del Congreso como las controversias de las Sindicaturas.

El 115 constitucional y el municipio libre

Sobre el artículo 115 de la Constitución que mencionan Araceli Brown y Armando Ayala para apoyar el actual proceso de municipalización, ya que habla del municipio libre, Flores Lugo opinó que dicho precepto constitucional no debería suplir un “procedimiento viciado” con “claras faltas a la ley”, ni debería ser usado para regular el proceso municipalización que, de otro modo, “ordenado, con paciencia y coordinados todos los poderes, podría resultar un beneficio y no una carga a los municipios”.

“Los ayuntamientos no lo solicitaron. Si bien es cierto que hay un decreto que cumplir, tiene que haber las condiciones necesarias para que esto ocurra. Aun cuando el municipio diga: ‘sí quiero, pero no puedo’, obviamente la Corte premiará el derecho humano (para no ponerlo en riesgo), por encima del municipio”, añadió Héctor Díaz, quien recordó los transitorios del Decreto 289 que se refieren a la capacidad financiera de los ayuntamientos, y “además está en puerta la municipalización de San Quintín y San Felipe”.

Finalmente, Rodrigo Flores aseguró que, en su análisis, “hay un visto bueno generalizado a la municipalización del agua en el estado. No es casualidad que el Cabildo de Tijuana lo haya discutido desde 2010, ni que el gobernador invoque sus promesas de campaña en 2019. Pero hacerlo ahora, de prisa, con la abierta molestia de la gobernadora electa, de munícipes, de síndicos y regidores, no podría sino terminar en esto, legislación aprobada fast track e inmediatamente repudiada”.