La desaparición de personas, herida abierta en la sociedad
En homenaje a las 30 mil víctimas de la dictadura militar argentina de los años 70, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos declaró el 30 de agosto como el «Día Internacional del Detenido Desaparecido».
Se conoce como «persona desaparecida» aquella cuya localización se desconoce por alguna razón. Generalmente se relaciona con guerras, catástrofes, desplazamientos de migrantes o refugiados, por secuestro u otra situación de violencia como consecuencia del accionar de la delincuencia organizada, pero también se incluye a las personas que se han perdido, a menores o mujeres que han huido del seno familiar y a posibles víctimas de secuestros o de homicidio. Todos ellos, cuyo paradero se desconoce.
Por su parte, la «desaparición forzada de personas» es reconocida como una violación a los derechos humanos cometida, que se define por la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas como «el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad, cometida por agentes del Estado o por cualquier otra persona o grupo de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley».
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Para el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que aborda los crímenes de lesa humanidad desde la responsabilidad penal individual, no de los Estados, la desaparición forzada de personas consiste en: «La aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de la libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado».
En los distintos Instrumentos Internacionales encontramos cinco elementos comunes que distinguen la desaparición forzada de personas: 1) privación de la libertad; 2) participación del Estado, de un grupo político, militar, paramilitar o criminal; 3) ocultamiento de la o las víctimas; 4) coparticipación, 5) intencionalidad.
Vivir con pocas esperanzas
Es muy frecuente que las personas desaparecidas jamás sean liberadas y que su suerte nunca llegue a esclarecerse. Sus familias, en la mayoría de los casos, jamás llegan a saber qué les sucedió. Por ello, la desaparición forzada de personas es considerada como un delito continuo que no prescribe mientras no se conozca el paradero de la o las personas desaparecidas, y que frecuentemente es acompañada por otras violaciones graves a los derechos humanos, como la detención arbitraria, la tortura y la ejecución extrajudicial.
Los familiares de las personas desaparecidas en relación con un conflicto armado u otra situación de violencia, padecen grandes sufrimientos y dificultades económicas mientras luchan por averiguar el paradero de sus familiares desaparecidos.
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Según la Red Lupa, en Baja California, de mayo de 2022 a mayo de 2023, se registró un total de 2 mil 380 personas desaparecidas, 71 por ciento hombres y 29 por ciento mujeres, siendo Tijuana el municipio que arrojó el mayor porcentaje con más del 60 por ciento. Con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Baja California, la OSC Elementa reporta que hasta el año 2022 había 14 mil 800 personas desaparecidas.
La cifra anterior, en aumento diario, se da a pesar de la aprobación en México, en 2017, de la «Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda», la creación de la «Comisión Nacional de Búsqueda» y de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, todos estos mecanismos con sus correspondientes en los estados, que no alcanzan a frenar el fenómeno delictivo y la impunidad en torno a la deficiente investigación ministerial, por tanto, la no localización de personas desaparecidas.
Consecuencias en la salud de madres y familiares
La desaparición de un familiar es traumática y más con todo lo que viene después: la familia tiene que recuperar el buen nombre de esa persona; también hemos identificado daños físicos y emocionales en el caso de las madres, problemas de salud que se agravan; llega la angustia ante la falta de información y la impunidad, con esa impunidad viene el maltrato y la revictimización, lo que se refleja en madres con estado de crisis permanente, explica Carolina Robledo, especialista en investigaciones sociales de la UABC.
En el año 2000 se fundó en Baja California el primer colectivo de personas desaparecidas, denominado «Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad», cuya fundadora, doña Rosario, con un hijo desaparecido, murió ese mismo año a consecuencia de un paro cardiaco, dejando ese legado social.
A partir de entonces han proliferado numerosos colectivos en todos los municipios del estado, rebasando a las autoridades al arrojarse a la búsqueda de restos en campo y búsqueda en vida de sus seres queridos, no sin exponerse a las acciones de la delincuencia organizada.
