Jueces y funcionarios favorecen “cártel inmobiliario” en Tijuana: abogado
Tijuana, 30 de abril. El director del despacho Fuentes Santillán & Asociados, Jorge Luis Fuentes Valdez, acusó a varios jueces y funcionarios públicos de ser cómplices del llamado “cártel inmobiliario” de Tijuana al otorgar sentencias a favor o desestimar denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
En conferencia de prensa señaló que su despacho representa a la empresa Eventos y Relaciones Públicas, administradora del condominio San Luis, ubicado en el fraccionamiento Campestre Murua, mismo que está en el centro de una disputa legal, pues Núcleo Construcciones promovió legalmente el desalojo de 192 propiedades. El juez a cargo del caso, Pedro Galaz Hernández García, emitió una sentencia apenas un mes después de interpuesta la demanda.
“Lo que llama la atención es la celeridad (…) admitió una demanda de sumario de arrendamiento para afectar 192 bienes inmuebles el 27 de enero y el 26 de febrero emite la sentencia. Eso realmente en la práctica jurídica no lo vemos”, aseveró.
Explicó que sus representados no fueron notificados del emplazamiento y fue mediante una página de Internet que se enteraron del caso en su contra. Entonces, se recurrió a un juez federal para solicitar una suspensión definitiva, misma que les fue otorgada.
A pesar de que en ese momento el procedimiento en su contra debió detenerse, en marzo, dos abogadas acompañadas de policías municipales, con la ayuda de un cerrajero, forzaron la puerta de la oficina administrativa del condominio con la intención de apoderarse de todo el inmueble.
Mediante las grabaciones de las cámaras, pudieron percatarse de la situación e impidieron el procedimiento, que las abogadas estaban llevando a cabo sin una orden judicial y sin el acompañamiento de un actuario, lo que podría tipificarse como despojo.
Fuentes Valdez indicó que ya presentaron una denuncia contra las abogadas involucradas y los policías. Además, el difundir el video en redes sociales, les permitió recibir comentarios de personas que han sido afectadas por este tipo de actos no sólo en Tijuana, también en el resto del país.
“No es sólo un grupo, es una red que opera no únicamente aquí, sino prácticamente en toda la República”, afirmó.
Criticó que autoridades locales han minimizado la situación, pese a que existen indicios de participación de diversas instancias.
“Hemos detectado en varios juicios y procedimientos que intervienen jueces, interviene la fiscalía, interviene el Registro Público, intervienen notarios públicos y obviamente abogados involucrados”, manifestó.
Aseguró que cuentan con evidencia de que incurren en este tipo de prácticas Pedro Galaf Hernández García, juez tercero de lo civil; Juan Hurtado Diaz, juez quinto de lo civil; y Juan Carlos Constantino Ortega Veiga, juez décimo de lo civil, quienes “han emitido sentencias que favorecen a grupos que presentan documentos falsos, actos notariales simulados y lo hacen con una celeridad que es de llamar la atención”.
En esta red de complicidades también estarían involucrados Alberto Zamarrón Niño, funcionario del Registro Público de la Propiedad, y el notario público 130 del Estado de México, Martín Gilberto Adame López. Éste último antes de ser notario ya estaba involucrado en fraudes inmobiliarios.
El abogado señaló, además, a Carlos “N”, Marisol “N” y Concepción “N”, además de Víctor Manuel “N”, quien es un magistrado federal.
Asimismo, en la FGE se encontraron con otro posible involucrado: Antonio Martinez Fonseca, a quien recurrieron para denunciar estas prácticas y no sólo desestimó su denuncia “con una celeridad que no vemos en nuestro México”, sino que terminó vinculando a proceso a sus clientes.
Martinez Fonseca estaba adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, sin embargo, recientemente se enteraron que ya no ocupa esa posición, pero desconocen si salió de la FGE o está en otro cargo.
El abogado indicó que ya se han presentado al menos seis denuncias penales relacionadas con estos hechos y reiteró que se trata de una problemática estructural.
“El ‘cártel inmobiliario’ no es una sola persona, son varios grupos de personas que se dedican a esto”, comentó haciendo referencia al abogado Christian Pablo “N”, detenido el 26 de marzo y señalado por las autoridades de liderar esta organización.
“Un abogado no puede avanzar tanto si no es con colusión de autoridades (…) ese abogado venía operando desde hace más de 10 años y la fiscalía lo sabe”, sentenció.
