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Baja California

Investigará CEDHBC actuar de la FESC en detención de estudiantes de la Xochicalco

Por: Redacción La Jornada Baja California

Tijuana, 11 de abril. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) anunció que iniciará un expediente para investigar el actuar de los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) durante la detención de tres estudiantes de Medicina de la Universidad Xochicalco.

Mía “N”, Richard Paul “N” y Ramón “N” fueron arrestados el 9 de abril después de una persecución que comenzó cerca de la rampa de Los Álamos y concluyó a la altura de la glorieta de la Diana Cazadora.

De acuerdo a un boletín emitido por el Gobierno de Baja California, la intervención se dio porque los jóvenes circulaban a exceso de velocidad y se pasaron un alto, y no se detuvieron cuando los agentes se los ordenaron, además, cuando revisaron el vehículo en el que viajaban hallaron un revólver.

El 10 de abril, los estudiantes fueron liberados, y sus abogados aseguraron que el arma les había sido plantada por los agentes. También indicaron que el vehículo en el que los abordaron no portaba ninguna marca que lo identificara como perteneciente a una corporación de seguridad.  

Aclararon que en la zona donde la autoridad asegura que los persiguió por pasarse un alto no existen señalamientos horizontales ni semáforos.

Ricardo Ramos Félix, padre de uno de los detenidos, aseguró que su hijo le dijo que habían sido víctimas de tortura durante su detención.

Debido a estas circunstancias, la CEDHBC comenzará una investigación de oficio con número de carpeta 1272/24.

El organismo público agregó que en lo que va del 2024 ha recibido 11 quejas contra la FESC, a la que se le acusa de vulnerar los derechos a la seguridad jurídica, la legalidad, al trato digno y a la libertad.

En 2023 fueron 57 quejas contra la corporación y en 2022, la CEDHBC registró 47.

Asimismo, la CEDHBC ha emitido tres recomendaciones por hechos relacionados con la Policía Estatal Preventiva (PEP), ahora FESC: una en 2016 por la vulneración al derecho a la libertad, a la seguridad jurídica y al trato digno; otra en 2016 por la vulneración a la integridad personal, a la propiedad, al principio de legalidad, al trato digno, a la seguridad jurídica y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; y otra en 2021 por la vulneración al derecho a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, así como a la libertad sexual.

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