Baja California

Inhabilitan a 2 ex tesoreros municipales; estuvieron con Montserrat Caballero

Por: Redacción La Jornada Baja California

Tijuana, 7 de noviembre. La Sindicatura Municipal inhabilitó a cuatro ex funcionarios de la administración anterior encabezada por la alcaldesa morenista Montserrat Caballero Ramírez, por irregularidades en la adquisición de uniformes escolares y la falta de seguimiento a un contrato para la rehabilitación y mantenimiento de semáforos en la delegación La Presa Este.

Tres de los casos forman parte del expediente relacionado con la compra de uniformes, y dos de los involucrados son ex tesoreros municipales, en tanto que el otro era director de la Secretaría de Educación del municipio; en los tres casos la inhabilitación es por seis meses, informó la síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán.

En un comunicado de prensa dio a conocer que, Raymundo Vega Andrade, quien se desempeñaba como tesorero, autorizó «el pago indebido para supuesta compra de uniformes escolares, en tanto que su sucesor en el mismo cargo, 

Luis Miguel Ramírez Flores, no mantuvo el control de las partidas presupuestales de gasto social, «autorizando vales para la compra de uniformes sin la debida justificación».

En el mismo expediente se encuentra Pedro Alejo Huiqui, ex director de la Secretaría de Educación, a quien también inhabilitó la Sindicatura municipal «por no cumplir con su facultad de vigilar y administrar adecuadamente el uso de los recursos destinados para dicho rubro».

Por su cuenta, al ex funcionario Luis Jaime Brambila Álvarez, cuyo caso se siguió en un expediente distinto, se le inhabilitó por 11 meses por «omitir administrar, verificar y dar seguimiento» a un contrato para la rehabilitación y mantenimiento de semáforos en la delegación Presa Este.

«La Sindicatura no entrega apoyos ni ejecuta obra pública; nuestra obligación es asegurar que cada peso del erario se utilice con honestidad y conforme a la ley. Cuando un servidor público incumple estos principios, estamos facultados para investigar, sancionar y garantizar que no se repitan actos que afecten la confianza de la sociedad», advirtió Balderas Beltrán en el comunicado.

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