Imputarán a Bonilla y varios de sus colaboradores por contrato de Next Energy
Mexicali, 18 de mayo.- El ex gobernador Jaime Bonilla Valdez y sus más cercanos colaboradores serán imputados por delitos relacionados a corrupción por firmar un contrato con la empresa Next Energy en el cual comprometieron alrededor de 12 mil millones de pesos en participaciones federales de las arcas estatales.
Según el Número Único de Caso 0202-2022-06977 la Fiscalía General del Estado solicitó al Poder Judicial audiencia para imputar al ex gobernador Jaime “N”, al ex secretario del Agua, Luis Salomón “N” y Adalberto “N”, ex titular de Hacienda.
También serán llamados por la justicia los ex oficiales mayores Israel “N” y Marco Octavio “N” y Miriam Lizbeth “N” titular de la Comisión Estatal de Energía en la administración.
En el documento en poder de este medio también se encuentra Pablo Alonso “N”, ex subsecretario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el ex titular de la Secretaría General de Gobierno Amador «N» y otro colaborador, cuyo nombre se desconoce.
En la lista también aparecen los nombres de Julio “N” y Héctor “N” para que sean citados en sus domicilios así como la empresa Next Energy a fin de que se presenten a audiencia para formulación de imputación por los delitos de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades en perjuicio del Gobierno del Estado.
Desde octubre del 2021, el secretario de Hacienda y el asesor jurídico del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, informaron que se presentó ante la Fiscalía General del Estado y ante la Secretaría de la Honestidad y Función Pública diversas denuncias derivado del contrato -que calificaron de “leonino”- firmado por la anterior administración encabezada por Jaime Bonilla Valdez.
El ex gobernador creó un fideicomiso y contrató a la empresa Next Energy con el fin de que se construyera una planta fotovoltaica para dotar de energía eléctrica al acueducto Río Colorado–Tijuana.
Sin embargo, la empresa nunca logró conseguir los permisos para su construcción, pese a esto, el contrato obligaba al Gobierno del Estado a indemnizar a la empresa con bonos por un total de 12 mil millones de pesos.
Lo anterior fue confirmado por el fiscal general del Estado, Iván Carpio Sánchez en la conferencia de este miércoles de la gobernadora, realizada en Tijuana.
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Siete de sus colaboradores fueron los responsables legales de llevar a cabo tanto el documento, sus modificaciones y el fideicomiso; Ruiz Uribe señaló que desde un principio se le advirtió al ex gobernador que el proyecto no era viable, lo que les trajo “una molestia” con él
