Gestión de Jaime Bonilla, marcada por polémicas constitucionales
Tijuana, 19 de julio.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detuvo consistentemente varios intentos del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por modificar las leyes estatales para su provecho.
Todo empezó con la reforma a la Constitución local para alargar su permanencia en el cargo, que fue calificada como un fraude constitucional por los ministros, y hasta el intento por nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado y su intención de eliminar una caseta de cobro sobre una carretera federal. El propio ex mandatario reconoció, en julio de 2020, que ante el máximo tribunal “yo no gano ni una”.
El 11 de mayo de 2020, por unanimidad, la Corte anuló la reforma a la Constitución estatal con la cual el ex mandatario pretendía ampliar, de dos a cinco años, el periodo para el cual fue electo.
Conocida como ley Bonilla, fue criticada por todos los ministros del pleno, cuyo presidente, Arturo Zaldívar, la describió como “una maquinación donde se pretendió violar la voluntad popular. Es un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático. El Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”.
Bonilla modificó también la Constitución local para hacer posible su intervención directa en el nombramiento de magistrados locales, para lo cual emitió en octubre de 2020 el decreto 110 con el que desapareció al Consejo de la Judicatura.
El Poder Judicial de Baja California promovió entonces la controversia constitucional 187/2020, la cual fue admitida a trámite por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien además ordenó suspender la aplicación del decreto impugnado hasta que la SCJN resuelva el asunto.
Aunque este juicio constitucional no ha sido votado, la suspensión evitó que Bonilla pudiera ejercer las facultades que le daba el decreto 110.
Un caso similar es el de la caseta de cobro sobre la autopista escénica Tijuana-Ensenada, donde la administración de Bonilla decidió de manera unilateral permitir el paso libre por la vía construida por el gobierno federal, el cual presentó la controversia constitucional 106/2020 y logró que la SCJN concediera también la suspensión.
Al comentar la decisión de los ministros, Jaime Bonilla declaró: “Ya sabemos que en la Suprema Corte no la vamos a ganar, porque ahí yo no gano ni una”.
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