Fiscal comparece ante Congreso; califica con 10 su compromiso
Mexicali, 13 de agosto. Diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT) cuestionaron las cifras ofrecidas por Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante su comparecencia ante el Congreso de Baja California.
Diputados de Morena y aliados reconocieron avances en materia de impartición de justicia, pero sugirieron algunas mejoras en la dependencia.
Víctimas de delitos acudieron a la comparecencia para exigir la agilización de diversas investigaciones.
El presidente de la mesa directiva del congreso, Jaime Cantón presidió la comparecencia, que permitió que la fiscal general del estado expusiera durante 15 minutos.
La presencia de Andrade Ramírez se solicitó principalmente por la problemática que ha resultado la regularización de las quejas sobre las condiciones laborales del personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Calidad de Contacto Ciudadano (C5), que enero dejó de estar bajo el control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para quedar dentro de la FGE.
La fiscal reconoció las deficiencias en herramientas de trabajo y además el tema salarial de los empleados, pero aseguró que se les ofreció mejoras salariales a los empleados del C5.
Habló de la regularización laboral de 215 personas que anteriormente tenían contratos temporales y sueldos entre 13 mil y 17 mil pesos mensuales. Desde el 16 de agosto, el salario base se fijó en 18 mil pesos con contrato formal.
Se mencionó la integración del personal del C3 a la FGE, la inversión en infraestructura, la renovación de equipo, y la ampliación de cámaras de vigilancia en zonas como La Rumorosa (de 10 a 25). También se informó sobre la instalación de tecnología de lectura de placas en áreas identificadas como conflictivas.
En materia de resultados, la titular de la FGE dijo que en el último año han desbandado 63 células del crimen y arrestado a mil 157 delincuentes.
Destacó la detención de 12 policías municipales que presuntamente participaban en actividades ilícitas en el puerto de Ensenada.
La fiscal dijo que aumentó la judicialización de las carpetas de investigación un 18 por ciento.
Las preguntas de los congresistas locales alargaron durante varias horas la comparecencia y durante ese largo segmento Andrade indicó que 358 elementos de seguridad no aprobaron los controles de confianza.
Sobre el caso de la menor Keyla Nicole, insistió en que la fiscalía actuó desde el primer momento y que se mantiene abierta una investigación sobre el actuar de los agentes involucrados en San Quintín.
Al cuestionar la violencia principalmente en Tijuana junto con señalamientos de corrupción, la diputada del PT, Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja, le preguntó a la funcionaria que qué calificación se daba en su cargo.
La funcionaria no quiso responder en un principio, pero al insistirle respondió que tanto a ella como a su equipo les pondría un 10 por su compromiso y desempeño.
La legisladora de Morena, Michel Sánchez preguntó sobre la capacitación del personal en materia de delitos de género. La respuesta de la funcionaria fue que sí están atendiendo ese rubro.
Remarcó que en vinculaciones en materia de género han aumentado la productividad en un 45 por ciento.
El coordinador de los diputados del PAN, Diego Echevarría, aseveró que la fiscalía de Baja California es la cuarta menos eficiente en el país.
La funcionaria divagó en su respuesta y sólo dijo que tienen mejoras en las carpetas de investigación.
El legislador preguntó sobre la reserva a las estadísticas sobre desaparecidos y le respondió que podría atender ese tema en lo particular.
La morenista Evelyn Sánchez pidió a la funcionaria información sobre las medidas implementadas para prevenir la revictimización de los indígenas. La fiscal indicó que la FGE dispone de traductores de lenguas mixteca, triqui, zapoteca y sus variantes.
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Critican presencia de funcionarios
Integrantes de varios colectivos criticaron que la sala de sesiones Benito Juárez se haya llenado de funcionarios de la fiscalía, en lugar de permitir la presencia de ciudadanos.
El activista Juan Gonzalo Moreno dijo que no se pudo sentar a escuchar a la fiscal porque no había butacas.
La activista Irma Leyva dijo que no hay resultados en la fiscalía y que llenan la sala para evitar que lleguen ciudadanos
La activista Ana Lidia Soto, hija de la señora Amparito que falleció ante el ataque de una jauría de perros, dijo que seguirá alzando la voz para que los operadores del sistema de justicia no revictimizen a los ciudadanos.
De Ensenada llegaron familiares de una joven que fue atropellada y no se ha resarcido el daño de parte del presunto responsable.
