Exigen regularización de terrenos durante visita de AMLO a Tijuana
Tijuana, 10 de noviembre. Los vecinos de Terrazas del Valle, 1 y 2 secciones; La Morita, 1 y 2 secciones y Lomas Del Valle, quienes compraron hace 30 años a la promotora de vivienda del Gobierno del Estado (panista) un lote, no pueden regularizar sus casas porque el terreno era propiedad del ejido Rojo Gómez y después de años de litigió, un juez ratificó la propiedad ejidal. Hoy fueron el contingenté más grande que esperó al presidente Andrés Manuel López Obrador frente al cuartel Morelos para plantear su problema. Pero ya no pudieron hablar con él.
Desde las 7 de la mañana, cuando inició la conferencia mañanera, contingentes de vecinos llegaron a las inmediaciones del cuartel y para cuando López Obrador se retiró, después de las 10 de la mañana, unas mil 500 personas con distintas problemáticas lo esperaban. No se detuvo a saludar, sólo levantó la mano desde la camioneta que lo llevaba a Tecate, el siguiente punto de su gira de tres días por Baja California.
¡Presidente! ¡Presidente!, coreaban algunos, incluso lo alternaban con las muestras de inconformidad que los llevaron hasta ahí. Una de las dirigentes de los colonos recordó que en una visita previa el presidente se comprometió a resolver el problema de la tenencia de su tierra y se instaló una mesa de trabajo; “se avanzó, pero no se terminó el trámite”.
Incluso Román Meyer, el titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, estuvo en una de las reuniones, donde se dio seguimiento al litigió con el ejido Rojo Gómez, que reivindicó la propiedad y después de años de litigio, un juez le dio la razón.
En un oficio de mayo de 2023, Desarrollo Territorial del gobierno estatal se comprometió a pagar a los ejidatarios de Rojo Gómez las afectaciones, e iniciar un proceso de regularización y escrituración gratuita a quienes se encuentran en los terrenos motivo del conflicto, independientemente de a quien le hubiesen comprado (porque hubo también lideres sociales que vendieron lotes, y supuestos propietarios de la zona).
El gobierno se comprometió a que se haría la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de las escrituras “superpuestas” y se generaría una ruta para inscribir a quienes habitan los predios, apuntaron los manifestantes, quienes dijeron que más de 500 familias siguen con el problema de la tenencia. Estos colonos han bloqueado en varias ocasiones la garita de cruce internacional de Otay (de mercancías) y vialidades de la ciudad.
Entre los manifestantes estuvo también la familia de Joshua Emmanuel Castro Gómez, quien fue asesinado hace un año durante un asalto a un camión de valores de la empresa donde trabajaba y hasta la fecha la investigación del caso no avanza.
