Entró en vigor la reforma que sanciona con cárcel a médicos charlatanes
Tijuana, 24 de febrero. En Baja California entraron en vigor las reformas al Código Penal que contemplan hasta seis años de cárcel y la inhabilitación hasta el mismo tiempo de la pena de prisión a médicos que realicen procedimientos quirúrgicos sin contar con la especialidad o cédula que les autorice, y que provoquen la muerte de alguna persona.
El Periódico Oficial del Estado publicó el jueves las reformas derivadas del decreto 212 que el Congreso del estado aprobó el pasado 16 de febrero, derivado de una iniciativa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; paralelamente, desde hace 12 días la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y la Fiscalía General del Estado (FGE) hacen un censo e inspeccionan las clínicas y hospitales para verificar las condiciones en que operan, con saldo de 17 sanciones en Tijuana, de 89 establecimientos revisados.
También, como parte de las inspecciones, de las 17 sanciones en Tijuana cuatro son por faltas graves, y en Mexicali, de 34 inspecciones hay dos sanciones.
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Ávila informó el miércoles en su conferencia mañanera que se «elaboró una iniciativa para que los charlatanes vayan a prisión», explicó que desde enero del año pasado se hizo un trabajo en conjunto con los colegios médicos; el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, y el consejero jurídico, José Pon Méndez, enfatizaron que la intención no es criminalizar o judicializar a los médicos, sino proteger la salud de la población y el turismo médico.
El decreto se publicó el 22 de febrero y entró en vigor un día después. Además de las sanciones por malas prácticas contempla la creación de una Comisión de Vigilancia de Servicios de Salud Pública en las instituciones públicas, es un órgano colegiado que tiene como objeto identificar las necesidades materiales, humanas y económicas de cada lugar, para satisfacerlas de manera «eficaz y oportuna».
CAME lleva el ritmo
Durante la conferencia del miércoles, el fiscal central, Rafael Orozco, confirmó que actualmente hay cuatro carpetas de investigación por la muerte de pacientes, la más reciente ocurrida hace tres semanas en el Hospital Arcángeles de Tijuana: una mujer de 37 años que acudió a realizarse una liposucción.
En este caso la misma Coepris tuvo que esperar a que la clínica le diera información, y fue hasta el día 9 cuando colocó sellos de clausura.
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Otro caso es el de una mujer también de 37 años, madre de tres niños, que falleció en el hospital Diagnosis cuando le realizaron una cirugía estética, y otro en el hospital Jerusalem, además de un cuarto caso en Mexicali.
El fiscal regional dijo que si bien el Ministerio Público tarda un máximo de dos semanas en sus investigaciones, deben esperar al dictamen de la Comisión de Arbitraje Médico (CAME), que puede prolongarse meses, para remitir los casos al Poder Judicial.
Proteger la salud, la prioridad
Y aunque la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda mencionó que la idea fue «elaborar una iniciativa para que los charlatanes vayan a la cárcel», el secretario de Salud y el consejero jurídico enfatizaron que no se trata de «charlatanes» porque quienes realizan las cirugías son médicos pero sin las especialidades, y la intención no es criminalizar a quienes practican la profesión, sino proteger la salud de la población y el turismo médico.
El consejero jurídico, Juan Posé Pon, detalló que solo en 2021 se recaudaron 12 mil 853 millones de pesos por turismo médico, y el año siguiente la suma fue de 29 mil 500 millones de pesos.
Por su cuenta, el secretario de Salud Adrián Medina Amarillas confirmó que la frecuencia de muertes de personas en cirugías estéticas es lo que llevó a realizar la reforma legal.
