Entre dimes y diretes, Morena y aliados aprueban deuda millonaria para desaladora
Mexicali, 12 de febrero. En una maratónica sesión, en medio de dimes y diretes, reclamos y acusaciones mutuas, el Congreso de Baja California autorizó -con 19 votos a favor y seis en contra- al Gobierno del Estado contratar una deuda por 2 mil 960 millones de pesos para las obras de distribución del agua que se desalará en la planta que la Federación construirá en Playas de Rosarito.
El endeudamiento confrontó a la mayoría de Morena y la oposición. Las bancadas de Morena, Verde, Fuerza por México e independientes, que representan 76 por ciento del Congreso, se impusieron a los representantes de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Revolucionario Institucional, quienes insistieron en que no se justifica un nuevo endeudamiento cuando ya hubo otros que no han dado resultados.
Y aunque Morena intentó conseguir el apoyo panista haciendo una modificación al dictamen, estableciendo que el aumento en las tarifas no será una fuente de financiamiento para el pago del préstamo, los blanquiazules no dieron su brazo a torcer: demandaban que quedara por escrito que no habrá aumento en 30 años.
Hay que recordar que la pretensión de construir una desaladora -por la que se pagarían al final más de 10 mil millones de pesos sólo en la construcción de la planta y proceso de desalación, más los 2 mil 960 de obras complementarias para la distribución del recurso- endeudando al estado por 37 años, fue el Waterloo de los gobiernos panistas en Baja California.
El panista Diego Echevarría Ibarra inició el debate al mencionar que el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda no tiene justificación para endeudarse ni tomar como fuente de pago el Impuesto Sobre Nómina (ISN), pues desde 2022, a partir del alza de las tarifas de agua -en algunos casos hasta en 500 por ciento, aseguró- y un aumento al gravamen -de 3 a 4.5 por ciento-, Baja California cuenta con recursos suficientes para hacer frente al gasto que requiere la obra hidráulica. La recaudación calculada entonces era de cinco mil millones de pesos anuales, aseguró.
A nombre de su bancada recordó que desde que se presentó la solicitud de endeudamiento -y se autorizó por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, dando origen al Dictamen número 127-, el PAN propuso que se adicionara el compromiso de no incrementar las tarifas de agua en 30 años, pero esta no fue aceptada; incluso volvió a plantear la propuesta y condicionar su voto a favor del endeudamiento.
Ramos, con conocimiento de causa
El coordinador de la bancada Verde -el único miembro tras la salida de Adriana Padilla-, el ex panista Jorge Ramos Hernández, presentó su planteamiento como tijuanense nativo y ex director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). Argumentó que sabe lo que es vivir con déficit de agua, por lo que “estoy hablando con conocimiento de causa”, además de recordar que “todos los partidos que han gobernado este estado han recurrido al endeudamiento y al financiamiento”.
Recordó el primer crédito -otorgado por bancos japoneses por un monto de 3 mil 23 millones de pesos-, en tiempos de su entonces correligionario panista, Alejandro González Alcocer, para dotar de agua al este de Tijuana y parte de Rosarito; luego hubo otra deuda para ampliar el acueducto Río Colorado-Tijuana, proyecto que correspondía al gobierno federal, pero que no quiso pagar, mientras que el proyecto del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, de construir mediante una empresa público-privada, habría generado un alza de más de 40 por ciento en las tarifas.
Ramos aseguró que precisamente esa falta de apoyo de la Federación es lo que ha presionado la tarifa, por lo que agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la aportación de los 10 mil millones de pesos que costará la planta, y señaló que la fuente de pago -el ISN- es la misma que utilizan los empresarios para hacer estudios y proyectos.
Muchas deudas, nulos resultados: Alejandrina Corral
Al aclarar que no está en contra de la desaladora sino de endeudar al estado, por su cuenta la panista Alejandrina Corral Quintero afirmó que en sólo un mes la gobernadora Avila Olmeda obtuvo autorización para créditos por 9 mil 350 millones de pesos, gracias a la imposición de los morenistas y aliados, mientras el estado sufre por la inseguridad, la falta de medicamentos y otras carencias.
Recordó que desde 2019 a la fecha, los gobiernos de Morena incrementaron en 62.64 por ciento las tarifas residenciales y en mil 488 por ciento las industriales, mientras en las actuales administraciones de Morena “sólo vemos corrupción”. Argumentó que en el caso de seguridad se gastaron millones de pesos para cámaras de seguridad, pero estas no existen y de haberlas tenido se habría sabido quién asesinó y arrojó a las personas encontradas en las fosas clandestinas de Mexicali.
Insistió en acusar de corrupción a los gobiernos de Morena y aludió al ex presidente Andrés Manuel López Obrador que “está rascándose el ombligo, se fue a la Chingada y al último no supimos de qué se mantuvo”.
Se preocupan por el dinero que no les llegará: Cantón
El morenista Jaime Cantón Rocha señaló que lo que les preocupa a quienes están en contra del proyecto del Gobierno del Estado es lo que dejarán de recibir al no privatizar el servicio, pues aseguró que la alternativa que dieron los gobiernos panistas ante la falta de agua fue intentar concesionarla a manos de empresas particulares.
En respuesta, el panista Diego Echevarría afirmó que cuando Francisco Vega de Lamadrid quiso entregar la obra a un particular fue porque no tenía dinero para ejecutarla con recursos públicos, a diferencia de la administración de Avila Olmeda que “como nunca” tiene recursos. Además señaló que el financiamiento se contratará con entes privados, así que finalmente el dinero irá a manos empresariales.
Cantón Rocha contestó recordando las manifestaciones multitudinarias contra el proyecto de Vega de Lamadrid: “si aquí hubiera mayoría panista estarían intentándolo de nuevo, volver a privatizar el agua”, dijo, a lo que el panista quiso replicar, obligando a la presidenta del Congreso, Michel Tejeda Medina, a llamar al orden.
“El diputado Cantón miente cuando dice que nosotros no tenemos una solución y queremos privatizar, es cierto que Kiko Vega tuvo esa manifestación pero respetó la voluntad ciudadana de dar marcha atrás”, dijo Alejandrina Corral al asegurar que Carlos Torres Torres, ex esposo de la gobernadora Marina del Pilar Avila, como operador político le dijo al entonces mandatario panista cuál era el modelo ideal para abastecer de agua a la zona costa.
Incluso señaló que “no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas que es el mismo que está haciendo la deuda”, pero como antes era operador político del PAN y ahora “se metió al manto sagrado de Morena, ahora sus opiniones son las correctas”.
No es un proyecto hídrico sino una deuda: Gilvaja
Por parte del Partido del Trabajo, la diputada Yohana Hinojosa Gilvaja -conocida como Yohana Gilvaja-, quien también votó en contra del financiamiento, criticó que no se trata de un proyecto hídrico sino de una deuda. Acusó que lo más grave es que se pagará con impuestos de empresarios, además de que parte del Dictamen 127 es que no podrá legislarse del Impuesto sobre la Nómina, sino que es un tema discrecional del Gobierno del Estado.
“Es decir que cuando se les antoje y se les hinche (podrán) subir y bajar este impuesto”, dijo la petista y aprovechó su intervención para señalar que por la mala administración se han retirado empresas, lo que se ha traducido en una caída del empleo.
“Dicen que según escuchan a la población, ¿ya escucharon el plebiscito del bulevar 2000?, les valió madre y la gente lo firmó y la gente lo sigue peleando, no quieren esos malditos carriles, pero no escuchan a la gente”, dijo Gilvaja y acusó, sin mencionar quiénes, “se lavan la carita con agüita y con jabón como Pin Pon… 114 millones en comunicación social porque prefieren pagar para que los medios hablen bien de ellos”.
Sin límite de tiempo
En su planteamiento -que se prolongó más de 25 minutos-, el coordinador de Morena, Juan Manuel Molina García, recordó que para la aprobación del esquema APP (Asociación Público-Privada) los diputados de entonces tuvieron que sesionar a escondidas en Playas de Rosarito.
Justificó el crédito como la mejor opción para resolver la escasez del agua y advirtió que el gobierno estadounidense -”sobre todo el actual”- en cualquier momento cerrará la llave del Río Colorado, la principal fuente de abasto actual.
“No hablen de aumentos de tarifas porque el anterior gobernador sí lo intentó, y le dijimos que no, y tengo cómo probarlo porque el proyecto nos fue entregado”, afirmó y recordó que hay procesos penales y de inhabilitación de la administración de Jaime Bonilla Valdez, mientras la diputada Yohana Gilvaja reclamaba a gritos, lo que obligó nuevamente a la presidenta del Congreso a llamar al orden.
No hubo réplicas ni contrarréplicas al coordinador morenista porque se llamó a un receso que anunciaron de 20 minutos, pero que se convirtió en casi una hora, tiempo en el que se hizo la modificación al Dictamen, en el término que se mencionó.
Quién dijo “sí” y quién “no”
Cuando se dio por terminada la discusión y los votos se contaron, la deuda quedó aprobada por 19 votos a favor y seis en contra:
A favor cerraron filas los 14 diputados de Morena; el legislador del Verde, Jorge Ramos Hernández, y su excorreligionaria Adriana Padilla —ahora independiente—; el también independiente Fidel Mogollón; Diego Lara Arregui, de Fuerza por México; y Tere Ruiz, del Partido Encuentro Solidario (PES).
En contra se pronunciaron los panistas Alejandrina Corral Quintero, María Yolanda Gaona y Diego Echevarría Ibarra, junto con la emecista Daylín García Ruvalcaba y el priísta Adrián Humberto Valle Ballesteros.
