En un chat de WhatsApp la historia de cómo “cazaron” a Margarito 

Tijuana, 8 de marzo.- A Margarito Martínez Esquivel lo mataron por publicaciones que no hizo y fotos que no tomó, se desprende de la cronología que las autoridades judiciales armaron a partir de los mensajes de WhatsApp de los presuntos autores materiales y la declaración de dos testigos “de identidad reservada”.

Un Samsung blanco y la información que guardaba fueron la clave para armar la investigación sobre el homicidio del fotoperiodista, perpetrado el 17 de enero pasado frente a su casa. Y permitió al juez vincular a proceso a José Heriberto, “El Huesos”; Manuel, “El Uber”, y Cristian o “Cabo 16”, por su probable responsabilidad en el “homicidio calificado con premeditación y alevosía” de Martínez.

A los tres imputados, quienes se reservaron en todo momento su derecho a declarar, los representó durante la audiencia un defensor de oficio, quien intentó que “los dos celulares” fueran excluidos de la indagatoria porque habrían sido decomisados durante un cateo ordenado por “narcóticos” y no por el asesinato; cuestionó la cadena de custodia y dijo que “no tenían nada”.

Casi al final de la audiencia el juez sacó de la confusión al defensor, aclarando que no hay dos celulares en la investigación -un verde metal y un Samsung azul, como reclamaba- sino únicamente uno blanco.

«El señor ocupa un soldado»…

En esos mensajes está el rastro de cómo “cazaron” a Margarito y por qué. La cronología es fría, como los mensajes de WhatsApp a partir del 15 de enero que la autoridad ubicó.

–“El señor ocupa un soldado”… así empezó la cuenta regresiva en la vida de Margarito. Los siguientes mensajes fueron para dar la ubicación de su casa, el color de la fachada, identificar su vehículo -“ese es su mueble” y la foto-, dejar claro que estaban impacientes porque “no se deja ver” y “ocupamos presentar trabajo con el señor”… “hay que cazarlo, lo quiero bien tieso”.

Es la tarde del martes en la sala virtual número 3 del Sistema Penal Oral y en la pantalla donde todos nos vemos las caras -la audiencia es vía zoom- la lectura de esa especie de bitácora que alguien elaboró sin proponérselo provoca escalofríos. Allá enfrente están hablando de uno de los nuestros.

El rostro sin gesto de los tres hombres -dos muy jóvenes-, que vestidos de naranja escuchan juntos en una sala, está en sintonía con el tono pausado del juez, que lo mismo explica el significado de “alevosía” o recuerda a los periodistas que los imputados no deben ser presentados como culpables.

El objetivo era un periodista… no fue nada personal; chamba es chamba

Los mensajes de WhatsApp siguen cayendo, son cinco días de registro que permiten saber que “el fierro ya se lo llevaron” (el arma usada); que “está bien caliente el barrio” o “que lo ordenó el señor por andar de chismoso”… y por si hiciera falta, un video, la prueba de que “el trabajo” fue cumplido.

Una llamada telefónica anónima -refiere el juez-, junto a lo narrado por los testigos permitió a la autoridad atar cabos. En los mensajes solo en alguna ocasión aparece el nombre “Margarito”, pero uno de los testigos dijo que estaba presente cuando “El Uber” recibió una llamada en que le decían que “ocupaban un soldado” y el objetivo era un periodista.

“Había publicado a la familia del Cabo 20 con fotografías”, era la causa, le explicaron.  Así que quien jaló el gatillo chateó que el homicidio “fue una orden”, “no fue nada personal; chamba es chamba”.

Otro testigo dijo haber escuchado la conversación de la mujer “que había estado de punta” (vigilando la casa), quien habló de cómo se acercó al cuerpo sin vida que cayó boca abajo luego de los tres disparos en la cabeza “y lo voltié”.

La 9 milímetros con la que le dispararon por la espalda -que después enterraron en un cerro- la habían usado en otros cinco hechos violentos, todos desarrollados en la Sánchez Taboada, la colonia más violenta de Tijuana.

Margarito nunca se ocupó de los rostros de presuntos miembros de organizaciones delictivas

Martínez Esquivel, colaborador de varios medios en esta frontera, incluidos La Jornada Baja California y el semanario ZETA, cubría la fuente policiaca y solo tomaba fotos de muertos. Con muchos años en el oficio, nunca se ocupó de los rostros de presuntos miembros de organizaciones delictivas.

El juez Guillermo Vizcarra dio a la Fiscalía seis meses para realizar la investigación complementaria, así que el 8 de septiembre concluye el plazo para declarar el cierre y realizar una audiencia intermedia.

También insistió en que los elementos son suficientes para determinar la “presunta participación” pero “nadie está diciendo que son penalmente responsables”.  Uno de los imputados señaló que no les permitieron hacer una llamada telefónica para conseguir un abogado defensor particular.

Tampoco habían conseguido comunicarse con su familia. La respuesta del juez fue un plazo de 48 horas al director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de “La Mesa” para que se les permita hacer la llamada.

En los últimos días, la vida en el penal ha sido más agitada que de costumbre – la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación porque tres personas privadas de la libertad murieron en los últimos días-, así que a lo largo de la acera que aloja a “La Mesa” hay elementos militares.

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